Miércoles, 12 Marzo, 2025

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PAN ante la FGE: ¿serán capaces de redimirse?

Opinión

Don Giovanni

1.- PAN ante la FGE: ¿serán capaces de redimirse?

 
 

Tras estar enfocado en la resaca electoral, las presiones internas y el juicio público de sus resultados, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, finalmente reaccionó y anunció a los cuatro vientos que “en su momento” presentarán una propuesta integral para mejorar el Sistema de Procuración de Justicia en México.

Dijo que realizarán diálogos con Ministros, Magistrados y Jueces, así como con expertos y especialistas nacionales y extranjeros, para presentar el modelo que consideren más adecuado, no sólo para hacerle frente al Plan C de la 4T, también a la reforma general a las fiscalías del país que se prevé justo después de la reforma al Poder Judicial.

La propia coyuntura local pone la mesa completa para que el líder panista junto a la gobernadora electa Libia Dennise García Muñoz Ledo, se rediman al haber sido ellos los que concedieron y permitieron que la FGE de Guanajuato se diseñará tomando como “modelo” aquella iniciativa que el PRI presentó en 2015, para otorgar el pase automático a Raúl Cervantes Andrade.

En aquella ocasión, la controversia que sostenía el PAN como oposición frente al gobierno de Enrique Peña Nieto era precisamente para evitar que este colocara a un fiscal a modo. “Fiscal Carnal” fue el apodo que el activismo ciudadano le endilgó a esta figura que pretende empoderar a un cercano, so pretexto de otorgarle autonomía.

Lo que son las cosas. El 1 de diciembre de 2016 el PAN presentó en el Senado una iniciativa para impedir que el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, se convirtiera en fiscal general. Incluso resaltaron que el diseño institucional de la FGR no era capaz de proporcionar justicia, para lo que incluso plantearon una “inspectoría general”.

No obstante, siete meses después, la mayoría panista en el Congreso de Guanajuato logró que se aprobara en lo general la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE), calcando la iniciativa oficial de la FGR que en lo nacional fustigaron. Incluso, encadenaron la entrada en vigor de ambas instituciones.

Ahí estuvo Libia Dennise García Muñoz Ledo como presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Libia García Muñoz Ledo, quien no promovió la revisión legal a pesar de que el 12 de septiembre de 2017, el senado eliminó el pase automático. Marko Cortés justificó la incongruencia al aseverar que a diferencia del escenario nacional en Guanajuato “había consenso”.

Las vueltas que da la vida. El verdadero ejemplo de que el PAN tiene intenciones de reformar para mejorar, eficientar, equilibrar e incluso potenciar a las fiscalías, podría ser el caso de Guanajuato donde al iniciar el sexenio de Libia Dennise se pretende designar al nuevo Fiscal General. Un movimiento que no podría estar completo sin una verdadera reforma que redima los errores del pasado.

2.- SDES: al margen del ‘crack’ sindical

 
 

Es indudable que, incluso en Guanajuato, actualmente se vive un proceso de cambio en la cultura sindical del país. Los tiempos en los que la gran Confederación de Trabajadores de México (CTM) se encargaba de garantizar la “paz laboral” que tanto convenció a los inversores a mediados de los noventas y durante la primera década de los dosmiles, se terminaron.

Ahora esa paz laboral deberá ser autogestiva en cada empresa, con cada trabajador y su propio sindicato. Tal como ha ocurrido en empresas como GM, Mazda, Draxton, Frankische, entre otras, decidieron levantar la voz, denunciar la negligencia de su sindicato y promover su cambio con derecho de picaporte a los instrumentos laborales del TMEC.

Es justo la coyuntura que se vive en Pirelli, la última empresa en la que han surgido reclamos laborales y rechazos a la CTM, pero parece que el secretario de Desarrollo Económico y Sustentable de Guanajuato, Ramón Alfaro, no se ha enterado que se vive un periodo turbulento pues asumió el conflicto como algo cotidiano que deberá resolverse puertas adentro de la empresa.

Incluso, Ramón Alfaro aseguró que no hay más empresas en Guanajuato que estén pasando por la misma situación, pues en la entidad se goza de paz y de estabilidad laboral. Parece que ve un árbol, pero no el bosque completo.

Si bien los asuntos laborales de la industria no necesariamente corresponden al orden estatal, la SDES no puede desentenderse de un clima de acomodados internos, en el que los trabajadores se han reconocido como sujetos de derechos a un sindicalismo activo frente a la precarización de sus puestos de trabajo. Una variable que, guste o no, juega en el tablero económico.

3.- En León van por reglamentar las apps de hospedaje

 
 

Cuatro años son demasiados. Los hoteleros de León decidieron dejar de esperar el reglamento estatal de la Ley de Hospedaje a través de Plataformas Digitales del Estado de Guanajuato, para regular el funcionamiento de casas, departamentos u otros inmuebles, por lo que este martes comenzarán a trabajar con el municipio de León en la normativa municipal.

Aunque en Guanajuato desde hace cuatro años existe una ley, solo el municipio de San Miguel Allende tiene un reglamento vigente para regular las actividades de hoteles, moteles y plataformas digitales. Según ha afirmado el Secretario de Turismo, Juan José Álvarez Brunel, “hay que tomar la opinión de todo el mundo y eso te lleva más tiempo”.

El funcionario estatal sostuvo que antes de que termine esta administración quedaría resuelto el reglamento así como las gestiones con la plataforma Airbnb para ejecutar la cobranza de los impuestos, pero la verdad no se ve para cuando y los hoteleros de ciudades como León, Guanajuato capital, Irapuato y San Miguel de Allende están desesperados.

Así que sin mayor esperanza en Álvarez Brunel, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León, que preside Eduardo Bujaidar Tobias, ya se adelantó a gestionar una reunión de trabajo con la representantes del municipio de León, para que se genere el reglamento municipal para la actividad comercial del hospedaje en el municipio de León.

Según los hoteleros, el crecimiento directo de lo que consideran una competencia desleal ha llegado a reflejarse hasta en un 15 por ciento, una cantidad relativa pero que es suficiente para motivar reclamos, adelantar trabajos ante la extraña displicencia del gobierno estatal para emitir el reglamento de la ley y cerrar la pinza con Airbnb.

CONTRA RETRATO

Alma Alcaraz Hernández

 
 

Su recurso para impugnar la elección de la gubernatura de Guanajuato tuvo el destino, según dijo, que esperaba. Por eso es pertinente preguntarse por qué apostar a enfocarse en ese tema mientras la política estatal transita por aguas turbias y bravas, con decisiones que desde el gobierno estatal han escandalizado a la opinión pública.

Alma Alcaraz Hernández dio a conocer ayer que la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG) le fue contraria y fue desechada su denuncia por el presunto uso del presupuesto público en la campaña de la candidata panista, Libia Dennise García Muñoz Ledo. Sin embargo, aún se espera la notificación para estudiarla y preparar la impugnación.

No obstante, la excandidata de Morena dijo que es “poco serio y carente de fundamentación” que se concluya que no está acreditado que los recursos públicos de la tarjeta rosa se hayan utilizado con fines electorales. La premisa de fondo es que se llevó a cabo el incremento del presupuesto público a más de 4 mil millones de pesos para el programa de la Tarjeta Rosa.

Como ya se ha visto, Alma Alcaraz ha emprendido un camino dentro de su partido para hacer migas con todos los grupos, distanciarse de Ricardo Sheffield Padilla y colocarse en un papel de liderazgo moral partidario justificado con los más de un millón de votos que recibió en el proceso electoral. Por eso se esperaría más activismo político de su parte, pero como portavoz de la oposición.

Si bien la apuesta por un litigio electoral puede ser incluso hasta una consigna partidaria, la necesidad de contar con voces pensantes desde la oposición obliga a integrarse de lleno a la agenda pública más que a la partidaria. Al final, la decisión la tiene Alma Alcaraz.

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