Permiso para convivir
La salida de un niño de cinco meses de edad del DIF Capullos con el gobernador del Estado de Nuevo León, Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, para convivir en su domicilio el fin de semana pasado, abre viejas heridas existentes en nuestra sociedad mexicana. Me refiero al abandono histórico que las niñas, niños y adolescentes privados del cuidado parental y que habitan en entornos residenciales han vivido en México.
Un problema identificado por el Comité de los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas que ha generado observaciones y recomendaciones hace más de una década y que, a pesar de ser aceptadas por nuestro país, no han sido cumplidas.
La observación número 37 del Comité, del año 2006 dejó clara su preocupación al respecto y recomendó a nuestro país: reforzar las medidas vigentes para impedir la separación de los niños de sus familias, adoptar medidas eficaces para evaluar el número y la situación de los que viven en instituciones, lo mismo que aprobar un programa para reforzar y aumentar las oportunidades para que tengan otros tipos de tutela, por ejemplo, promulgando leyes eficaces, fortaleciendo las estructuras existentes como la de la familia extensa, capacitando mejor al personal y asignando más recursos a los órganos correspondientes.Gobiernos municipales, estatales y federales van y vienen y la tarea se mantiene inconclusa.
Sucede que una vez que las niñas, niños y adolescentes son rescatados y llevados al ámbito residencial para su protección, ahí viven el abandono administrativo o jurídico. Miles de jóvenes cruzaron las puertas de la institución cuando tenían pocos meses o años de vida, y ahí cumplieron la mayoría de edad sin que nadie hiciera algo por restablecer su derecho a vivir en familia.
“Un caso de estancia prolongada por lo general es un caso de estancia breve que ha sido mal manejado”, dijo un funcionario inglés hace más de medio siglo. Y el problema continúa repitiéndose. Casos de este tipo siguen acumulándose en nuestro país. ¿Quién hace justicia a estos jóvenes con infancias robadas? ¿Quién se responsabiliza por estos malos manejos? ¿Por qué suceden? ¿Por qué tienen que crecer asilados de manera permanente?
Lea también: Samuel García descarta sanciones por exhibir a menor “adoptado” un fin de semana
Con relación a la última pregunta Chantal Saclier (1999), del Servicio Social Internacional, proporciona, sin rodeos, un listado de las principales causas: falta de seguimiento a los procesos de las niñas, niños y adolescentes por parte de las autoridades correspondientes; burocracia; falta de recursos humanos que realicen los trámites respectivos para proporcionar alternativas familiares, así como por ideologías contrarias a la adopción (y a otras alternativas familiares y comunitarias como el acogimiento, por ejemplo); falta de responsabilidad individual de los profesionales cuando ejercen sus funciones; el que las niñas y niños desamparados son una población rechazada por la sociedad y el temor de dar prioridad a los derechos del niño sobre los derechos de los padres abandonantes o maltratadores.
La complejidad y delicadeza del tema requiere que el perfil de las personas encargadas de auxiliar y procurar asistencia, protección y justicia a este sector de la población infantil y adolescente sea muy específico. Deben ser adultos responsables, compasivos y reflexivos que hablen en favor de las niñas y niños indefensos, que estén dispuestos a darle prioridad a los asuntos de éstos, tal y como manda las leyes y normatividades; con suficiente experiencia, capacitación y dedicación, además de contar con una formación especial no solo en temas jurídicos, sino también en temas de infancia, familia, trauma, apego, neurociencias, resiliencia, desarrollo humano y un largo etcétera.
El suceso de la semana pasada resulta grave porque deja ver que lo anterior aún no es garantía. Es decir, las personas encargadas de procurar la asistencia y protección dan la impresión de desconocer las observaciones, recomendaciones y estándares internacionales de derechos humanos relacionados con dicha protección, así como las necesidades del desarrollo infantil. Lo cual resulta desolador.
El papel del funcionariado público consiste en trabajar en la restitución de todos los derechos de cada niña, niño y adolescente. Ahí debería estar puesto la fuerza y el trabajo. Para lo cual se requieren equipos humanos altamente especializados, capaces de elaborar programas estratégicos y cuidadosos, que eviten la revictimización de las niñas, niños y adolescentes y restituyan sus derechos a la máxima velocidad posible.
