Resguardo fronterizo
Durante la primera semana de gobierno de Donald Trump, quien tomara posesión del cargo como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica el pasado 20 de enero, se llevó a cabo la detención de 8 mil migrantes en situación irregular, de los cuales se habría dejado en libertad a 461 por diferentes motivos. A tres semanas de haber asumido el cargo, nuestro país ha recibido a 10 mil 964 migrantes, de los cuales 8 mil 425 fueron mexicanos, siendo los restantes 2 mil 539 de otras nacionalidades, teniendo la oportunidad de decidir si desean permanecer en nuestro territorio o regresar a su país de origen vía aérea o terrestre.
Esta política migratoria, impulsada desde la campaña presidencial del entonces candidato Trump, en la cual se prometieran deportaciones masivas y aumento en la seguridad fronteriza, se encuentra fundamentada en la declaración de emergencia nacional en la frontera sur del país vecino, aduciendo protegerlos contra la invasión a su territorio, llevando a militarizar la zona contando con la presencia y participación de diversas agencias securitarias.
En este contexto, no sorprende el anuncio del Pentágono en cuanto al envío de mil quinientos soldados más, en servicio activo, pertenecientes a la brigada de logística del Cuerpo Aerotransportado con base en Fort Liberty en Carolina del Norte a la frontera con nuestro país, sumando con ello un total de 3,600 elementos castrenses, reforzando el apoyo hacia las políticas migratorias del presidente norteamericano. A la vez, 500 marines han sido desplegados en la base militar de Guantánamo, a la cual han sido enviados un grupo importante de migrantes (se espera sean enviados 30 mil en total), entre los que se encuentran 10 miembros de grupo del crimen organizado transnacional venezolano, “Tren de Aragua”, considerados de alto riesgo.
Al respecto, vale la pena llevar a cabo diversas consideraciones. Constitucionalmente, las fuerzas armadas de los estados unidos se encuentran impedidas de llevar a cabo labores reactivas y de seguridad pública dentro de suelo norteamericano, por tanto, también en contra de sus ciudadanos. Es por ello que se cuenta con la Guardia Nacional, la cual, también cabe apuntar, no guarda relación con la institución actual de mismo nombre en nuestro país, aunque el modelo fuera prácticamente el mismo desde el siglo XIX hasta bien entrado el siglo XXI. Por ello la declaración de Trump, en tanto considerar los flujos migratorios como “invasión”, cobra importancia, puesto que, apelando a la defensa de su territorio, legitima la acción de sus fuerzas armadas en defensa del mismo, por ello el envío de tropas para el reforzamiento de la seguridad en su frontera sur.
En este contexto, su presencia cumple el objetivo de ser un elemento disuasorio, tanto para los diferentes flujos migrantes, mismos que, aunque vean disminuidas sus oportunidades de cruzar al otro lado, buscarán nuevas vías o rutas alternas para llevarlo a cabo, así como para los grupos de la delincuencia organizada encargada del tráfico de los mismos y del trasiego de estupefacientes, contando con la intervención y apoyo de instituciones securitarias como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), todas ellas dependientes del del Departamento de Justicia, así como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), LA Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la cual incluye a la Patrulla Fronteriza (Border Patrol), dependientes éstas del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security). En este escenario, las fuerzas armadas norteamericanas podrían intervenir operativamente, apoyados en la capacidad bélica y armamentística que mantiene a los Estados Unidos como una de las potencias militares más grandes del mundo, apoyar en la instalación de barreras de alambre de púas, proporcionar transporte por medio de helicópteros y apoyo de analistas militares en inteligencia para el reforzamiento de las tareas de la Patrulla Fronteriza. Del mismo modo, se han habilitado cuatro aviones militares, dos C-17 y dos C-130, enviados a San Diego, California, y el Paso, Texas, para apoyar los vuelos de repatriación de más de 5,000 extranjeros indocumentados.
Sin duda, este será sólo el primer paso en una larga serie de acontecimientos que seguiremos experimentando en el transcurso de los próximos días, semanas y meses, a lo largo y ancho de la frontera entre ambos países, la cual cuenta con una extensión de 3 mil 142.90 kilómetros, comprendida entre el Monumento 206, al noroeste de Tijuana, hasta la desembocadura del Río Bravo en el Golfo de México, rebautizado como Golfo de América por nuestros vecinos, limitando, de nuestro lado, los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, y Tamaulipas, mientras que de su parte comprende los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas, condiciones por las que, aún a pesar de los esfuerzos norteamericanos por blindar su frontera, así como el envío de 10 mil elementos nuestros de la Guardia Nacional, prevé ser una tarea en sumo complicada la detención de forma total o significativa del cruce fronterizo de indocumentados, estupefacientes y tráfico de armas, las cuales fortalecen y consolidan el poder que ejercen los grupos del crimen organizado para el desarrollo de sus actividades ilegales.
Un tema que se encuentra lejos de terminar y que seguramente dará al inquilino de la Casa Blanca razones para seguir exigiendo acciones de todo tipo en ambos lados de la frontera.
