UG: la frágil estructura unipersonal

1. UG: la frágil estructura unipersonal

El rector general de la Universidad de Guanajuato (UG), Luis Felipe Guerrero Agripino, está pagando el costo político de haber armado durante ocho años una estructura en torno a su persona. El verdadero problema es que la factura termina por compartirse con todos aquellos funcionarios que decidieron seguir esa lógica unipersonal.

Justo esa es una de las moralejas que dejó el reciente excusamiento del rector y la secretaria general de la UG, Cecilia Ramos Estrada, a sus respectivos asientos en el Consejo General Universitario y la comisión especial para el proceso de sucesión de la rectoría general, dos organismos cooptados dentro de esta estructura.

Precisamente durante esa sesión del pasado 28 de julio, se agregó un pronunciamiento de parte de la directora de la División de Ciencias Económico-Administrativas (DCEA), Claudia Susana Gómez López, quien argumentó que con las acusaciones sobre la parcialidad a su favor, también se vulnera su participación por la rectoría general.

La aspirante a la rectoría tiene toda la razón, pero esa vulneración no se creó con la denuncia de los otros tres participantes, sino por los excesos cometidos por una rectoría que ha dispuesto de los instrumentos a su servicio para apuntalar su candidatura desde que fue concebida.

Junto a Claudia, vemos otros funcionarios universitarios que han ligado su trayectoria a la del rector como la propia Cecilia Ramos o la directora del campus Celaya-Salamanca, Graciela Ruíz Aguilar, quien tomó su lugar aun cuando es una de las personas indiciadas por el allanamiento perpetrado a las instalaciones de este medio informativo.

El tema es más que visible. El profesor Ricardo Rodríguez resaltó la importancia de la excusa del rector y su secretaria general, pero también la necesidad de que los acompañen buena parte de los integrantes de los principales órganos de gobierno como la Junta Directiva y el consejo general.

Como par de ejemplos señaló atinadamente a dos funcionarios con dependencia directa de Claudia Gómez en el propio consejo, así como Martha Leticia Velázquez Morales y Enrique Navarro González en la Junta Directiva de la UG, pues ambos son funcionarios en la DCEA, pero también beneficiarios directos de la cercanía del rector.

Todos ellos conforman una estructura armada por Guerrero Agripino. Son muestra irrefutable de esa arma de doble filo que dota el poder unipersonal, no extraño en la clase política, pero anacrónico en una universidad pública.

 

 

2. El ejemplar caso Draxton

El resultado del caso de la empresa Draxton en Irapuato, dejó una muestra palpable de los alcances del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). En los hechos, se trata de una ventanilla de alto nivel que puede dotar, sin caer en intromisiones legales, en la justicia laboral que debe equilibrar el desarrollo industrial.

El caso nació con otra causa central del TMEC: la libertad sindical.

El trabajador Carlos González fue el obrero que se atrevió a levantar la voz para comenzar su activismo en el contexto de la legitimación del Contrato Colectivo de trabajo. Pero al más puro estilo del sindicalismo charro, fue acosado, amenazado –incluso en su propio domicilio- para luego ser despedido

Así que, como en los viejos tiempos quedó manifiesta la complicidad entre la empresa y el sindicato vigente Miguel Trujillo López, adherido a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

El caso debió escalar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) todavía a cargo de luisa maría Alcalde, hoy Secretario de Gobernación, que, ante la invocación al mecanismo de respuesta rápida en material laboral del TMEC, tuvo que intervenir con una investigación conjunta para dirimir una verdadero abuso.

En efecto, la investigación determinó la existencia de conductas que pueden constituir transgresiones a la legislación laboral mexicana y una denegación de derechos colectivos por parte de la empresa.

Fue así que Draxton quedó comprometido ante las autoridades de México y Estados Unidos a respetar la justicia laboral y libertad sindical. Un mensaje contundente para eliminar las complicidades que aún persisten en México, pues históricamente buena parte de la rentabilidad para las inversiones extranjeras era basado en ello.

Así que la STPS ahora en manos de Marath Baruch Bolaños López, deberá mantener un esquema de colaboración pero sobre todo de prevención en los centros de trabajo que aún deben de legitimar su contrato colectivo. No debería ser necesario que se acuda a instancias del TMEC para dirimir estos casos.

Por ahora, Carlos González, deberá de ser reinstalado en su puesto, con las garantías para ejercer sus derechos y reanudar su causa acompañado por la Casa Obrera del Bajío, la cual se apunta otro caso emblemático.

 

 

3. Julio González, un independiente  en Morena

Prácticamente la tercera fue la vencida. El empresario Julio González llegó a un acuerdo con Morena para buscar nuevamente la alcaldía de Dolores Hidalgo, luego de varios intentos que dejaron en claro que la Cuarta Transformación no necesariamente se vende sola.

El panorama electoral quedó claro desde 2018. Julio se convirtió en el candidato revelación por quedarse apenas en la orilla de la contienda de ese año, siendo un candidato independiente, sin la estructura de la que alardean los partidos.

Fue entonces que en 2021 fue objeto de deseo para Morena, que lo buscó con insistencia para que aceptara ser su candidato, pero a todas luces los ofrecimientos carecían de atractivo pues habría de ceder espacios en su planilla aun cuando por si sólo generaba más intención de voto.

Con miras al 2024 el escenario cambió. El procurador federal del consumidor y aspirante a la gubernatura, Ricardo Sheffield Padilla, intensificó sus acercamientos con Julio González a través del secretario general del comité estatal de Morena, Jesús Ramírez Garibay, quien le tendió los puentes necesarios.

Es así que se podría formular una competencia interesante en Dolores Hidalgo, el problema es que hablamos de Morena, donde no se puede dar nada por sentado hasta no ver los registros oficiales de las candidaturas.

El respeto al equipo de trabajo de Julio, así como su disposición para el armado de su planilla, serán temas cruciales para los siguientes meses pues sin duda alguna esta alianza dejará más de un damnificado en el camino. Por ahora, la alianza entre el independiente y Morena está pactada.

 

 

CONTRA RETRATO

Enrique García Jaramillo

Hasta hace un lustro, la intervención del Ejército en temas de competencia municipal y estatal era impensable, sin embargo, la dependencia que se tiene sobre este en materia de seguridad pública de Guanajuato, propició el crecimiento de la militarización que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha empleado en el país.

Es así que la figura del jefe de la XVI zona militar, Enrique García Jaramillo, se ha hecho presente en el ámbito público como no ocurría desde aquella declaración del otrora jefe militar Arturo Velázquez Bravo, al dar a conocer la existencia del grupo criminal que lidera el hoy preso José Antonio Yépez alias “El Marro”.

García Jaramillo le ha entrado a temas mucho más locales. El grupo de coordinación estatal ha lanzado recomendaciones que antes se podrían esperar de un alcalde o del propio gobernador, como la prohibición de los palenques y carreras de caballos, al considerar que son foco de violencia y operaciones criminales.

Luego elevó la apuesta al pedir que los municipios homologuen el cierre temprano de los bares y centros nocturnos, al argumentar que sólo así se reduciría la violencia.

Recientemente trascendió otra postura que provocó cejas alzadas entre los alcaldes, al considerar necesario el relevo inmediato de los jefes policiacos que provienen de la extinta policía federal.

¿Cuál será la siguiente consideración del jefe de la XVI zona militar? Ahora que sabemos que Guanajuato ya es el estado con mayor número de elementos del Ejército en México, con 4 mil 368 soldados desplegados, sabemos que la militarización está más que presente y viva en Guanajuato.