¿Y dónde quedó el último decreto del agua?

1.- ¿Y dónde quedó el último decreto del agua?

Guanajuato vive tiempos aciagos. No sólo por la violencia o su situación política, es la disponibilidad del agua por la que el estado aguarda por medidas de fondo, que al menos le den certidumbre en su viabilidad como un estado habitable e industrial. Sin respuestas, por ahora queda sólo el testimonio de embalses con tierra erosionada en donde antes se acumulaba el líquido vital.

Los números no mienten, tienen las crudas imágenes de testigo. La disponibilidad de las presas de Guanajuato ha caído dramáticamente en los últimos años, al grado de caer del 46.9 al 20.4 promedio anual; más del 50 por ciento menos de manera general como parte de una realidad evitable pero no atendida. ¿Qué hace al respecto el director de la Comisión Estatal del Agua, Francisco García León?

La situación podría observarse incluso de forma más cruda si nos referimos a las tragedias en presas y cuerpos de agua en particular como la presa de Peñuelitas, la presa del Palote, la Laguna de Yuriria, La Soledad en Guanajuato o La Golondrina, con cero, dos, tres, siete y doce por ciento. La verdad es que el promedio general solo se levanta por el 64 por ciento de la presa Solís en Acámbaro.

En medio de todo este cuadro catastrófico, llama la atención que las propuestas de las candidatas a la gubernatura, Libia Dennise García Muñoz Ledo, Alma Alcaraz Hernández y Yulma Rocha Aguilar, no atinen a dar propuestas certeras más allá de la necesaria tecnificación del campo y la prevención de fugas y desperdicios, cuando existe un decreto que parece motivar voluntad para ser ignorado.

Ninguna de las tres ha hecho mención de este decreto, ni Alcaraz Hernández de Morena, quien ha planteado surtir al corredor industrial con la Presa Solís, el mismo plan estancado del gobierno estatal. De ahí en más, Libia ha planteado el reclamo de los más de 3 mil millones de pesos que el gobierno destinó para el Acueducto de El Zapotillo y la tecnificación del campo que también propuso Yulma.

En diciembre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto en el que ordena la protección y conservación de cuatro cuencas hidrológicas. Esto para dotar de agua a 17 municipios de Guanajuato y garantizar su abastecimiento hasta el año 2070. Una medida, completamente al margen de los planes de la presa el Zapotillo o con algunos de los presentados hasta ahora.

Es evidente la intencionalidad de la medida, cuando se observa la procedencia de los afluentes que, en teoría, ya podrían alimentar las cuencas dentro de la demarcación de Guanajuato, empezando por las carencias históricas que presentan los habitantes del norte del estado pues se trata de las cuencas Río Santa María 2 y 3, la cuenca Río Victoria y el Río Extóraz en Querétaro.

Las condiciones parecen puestas pero la política hace su juego. Resulta que el decreto también especifica que las obras de infraestructura hidráulica necesarias para lograr el aprovechamiento pleno del agua de estas cuatro cuencas, fue endilgado al gobierno estatal al cien por ciento muy a pesar de que sus miras estaban por surtir el agua a los municipios del corredor industrial y circunvecinos.

A todas luces, el gobierno federal dio un primer paso pero en dirección contraria a la deseada por el gobierno de Guanajuato.

2.- AMLO vs. Defensores de DDHH

Las descalificaciones de Andrés Manuel López Obrador contra voces críticas a su gobierno ha llegado a niveles completamente falsarios, pues en esta ocasión se trató de organizaciones que incluso han intervenido para evidenciar las anomalías en el sistema estatal de justicia y concretamente de la Fiscalía General del Estado.

La mañana de ayer, López Obrador acusó al Centro Frayba y al Centro Prodh de emprender campañas en Chiapas “a favor del conservadurismo”, pues “magnifican” la situación de violencia en el estado sureño. Incluso los retó a hablar de la situación de violencia que sí hay en Guanajuato.

El Centro Prodh ha trabajado de cerca con colectivos de búsqueda de personas de Guanajuato, en sus gestiones y procesos legales para hacer cumplir el derecho a toda persona a ser buscada. El logro más destacado es el amparo logrado por la buscadora Olimpia Montoya para hacer cumplir el Banco Nacional de Datos Forense bajo responsabilidad legal de la Fiscalía General del Estado.

Incluso, como lo resaltó la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, el Centro Prodh que dirige Santiago Aguirre Espinosa acompañó a víctimas y organizaciones locales que participaron en la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevada a cabo en Washington el 28 de febrero, en el que dieron cuenta precisamente de las amenazas que padecen las buscadoras.

Hasta ahora, la respuesta de las diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos ha sido de solidaridad al Centro Prodh, que por su parte lamentó la descalificación del presidente y únicamente advirtieron que esperan que la próxima administración federal respete la labor de defensa de los Derechos Humanos “sin negar la realidad”.

3.- Irapuato: contienda entre denuncias

Nadie esperaba una tersa competencia electoral en Guanajuato. Con un Morena dando muestras de potencial de crecimiento y el PAN apelando al rechazo de la 4T, era cuestión de tiempo para que comenzaran las denuncias, la violencia o cualquiera de las artimañas conocidas en el catálogo de la política real.

En un acto inaudito, la candidata morenista Irma Leticia González Sánchez denunció en pleno debate que su secretario particular fue asaltado por dos sujetos armados que se llevaron los celulares en los que precisamente portaba la información que decía ocupar para el evento, justo minutos antes arranque del debate entre candidatos que buscan llegar a la presidencia municipal de Irapuato.

Como era previsible, la abanderada de la 4T endilgó la responsabilidad a la policía municipal de Irapuato, por estar, según dijo, bajo las órdenes de Lorena Alfaro García, quien es la abanderada del PAN para reelegirse como alcaldesa.

Bajo este contexto, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, a través de su coordinador, el diputado David Martínez Mendizábal, hizo su parte al replicar completamente la versión de la abanderada irapuatense para acusar al PAN y exigir que se esclarezcan los hechos.

Verdad o mentira, el hecho es que la campaña de Morena en Irapuato, que lucía demoledora a mitad del año pasado, se ha perdido en señalamientos y controversias que han opacado su verdadera oferta política. Esclarecimiento del robo de su información, sin duda que es exigible, sólo que aún se le espera un relato mucho más profundo sobre la soluciones que ofrece para Irapuato.

CONTRA RETRATO

Brenda Canchola Elizarraraz

Preside un consejo general del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato (IEEG) que ha resaltado más por sus frente abiertos, que por la certeza de equidad que han demostrado a los partidos políticos. Ahora mismo están las campañas electorales en pleno y, a escaso mes y medio de las elecciones, aún resuelve polémicas provocadas por sus decisiones.

Brenda Canchola Elizarraraz se vio obligada a atender al grupo representativo de periodistas que ayer le reprocharon las medidas de censura contra los medios de comunicación que documentaron casos de violencia política de género antes y durante las campañas. Se comprometió a tomar en cuenta sus inquietudes, pero nada más.

“Estamos documentando el quehacer político, estamos documentando las declaraciones y las posturas de candidatos. Entonces, para el IEEG es muy fácil decir “borren la historia, borren las declaraciones y con eso se elimina la violencia política de género”, fue la postura que los miembros de la prensa le reiteraron, pues resulta que es un tema que se pudo prevenir desde inicios del año pasado.

El problema del IEEG es precisamente que la diversidad de temas que hoy los tiene trabajando horas extras, son controversias que pudieron evitarse con años de anticipación. Así enlistamos tópicos como la equidad de género y sus variantes, las cuotas de inclusión para sector discriminados o la organización de los debates.

Es quizá uno de los órganos electorales que menor influencia partidista ha demostrado en su actuar, sin embargo, la certeza de su imparcialidad y capacidad de organización, parece no llegar a cumplir las expectativas todavía. Señal de la necesidad de cerrar sus frentes y lograr la asertividad.