FGR llama a explotadores de pozos “clandestinos” en Guanajuato a legalizarse
León, Guanajuato.- El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad, Gerardo Vázquez Alatriste, señaló que no pueden dejar de actuar ante la ilegalidad en la explotación de pozos “clandestinos” aunque dijo se debe buscar un diálogo.
El funcionario federal señaló que se ha tenido acercamiento con transportistas de agua (piperos) donde se les ha explicado que la acción de la FGR va enfocada al mal uso de derechos de concesión de estos pozos.
“Hubo acercamiento de parte del sindicato de transportistas del agua. Están preocupados y se les aclaró que el tema no es con ellos, se les pidió que por su conducto hablarán con los concesionarios con los titulares de los derechos de los pozos para que se formen del lado de la legalidad”, explicó.
Al ser una materia sensible al considerarse el acceso al agua como un derecho constitucional, el delegado explicó que debe haber interlocución porque el actuar de la FGR no busca limitar el acceso al agua.
“El derecho al agua es un derecho constitucional y ahí podemos entrar en un tipo de conflicto. El ministerio público de la federación no solo alimenta cárceles, también debe ser garante de la legalidad. Si es un tema donde vamos a dejar o vamos a potenciar que comunidades se queden sin agua por hacer nuestro trabajo de manera correcta creo que es mejor generar acercamientos para generar acuerdos reparatorios y soluciones adecuadas para toda la sociedad”, puntualizó.
El 18 de enero Periódico Correo consignó la denuncia pública de piperos que acusaron una presunta persecución por parte de autoridades federal luego de la clausura de pozos y varias detenciones.
Según documentos de la Fiscalía General de la República se han realizado varios cateos en inmuebles donde hay presencia de pozos. Los registros muestran por lo menos tres clausuras entre finales del 2023 e inicios de 2024 y en los que se advierte el delito de Explotación Ilícita de Aguas Nacionales o uso de bienes de la nación sin contar con concesión.
“Estuvimos recibiendo denuncias de pozos clandestinos, de pozos que carecían de los permisos legalmente expedidos por la Comisión Nacional del Agua y actuamos. Actuamos, sabíamos que potencialmente podía haber algún tipo de riesgo, estallido social o inconformidad pero en aras de ello la Fiscalía no puede dejar de cumplir con su trabajo”, señaló.
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