Intentan evitar que integrantes del Sistema Anticorrupción desempeñen cargos públicos
Diputado del PRI asegura que existen ambigüedades en la ley, aprovechadas por algunos integrantes del CPC para mantener sus despachos privados abiertos
Diputado Adolfo Alfaro
Guanajuato.- Ante la posibilidad de que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) caigan en conflictos de intereses, se presentó una iniciativa para prohibirles desempeñar cargos públicos o funciones privadas por sí mismos o tercera persona.
La propuesta fue presentada por el diputado del PRI, Adolfo Alfaro Reyes.
La modificación al artículo 19 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción también busca que quienes hayan finalizado su periodo en el CPC, no puedan incorporarse a algún cargo en la administración pública estatal o municipal sino hasta después de un año.
Tampoco podrán integrarse de nueva cuenta al SEA, a fin de garantizar la objetividad e independencia de su función, solamente podrán desempeñar actividades académicas.
Proponen candados para integrantes del Sistema Anticorrupción
El priista refirió que existen ambigüedades en la ley, lo cual ha sido aprovechado por algunos integrantes del CPC – sin mencionar quiénes- para mantener sus despachos privados abiertos y siendo atendidos por ellos.
“Lo cual consideramos atenta contra la naturaleza de la función y genera posibles conflictos de interés”, dijo. Refirió que si bien, no se les otorga la calidad de servidores públicos por lo que son contratados por honorarios, la percepción salarial que reciben es decorosa, por lo que tendrían que dedicarse de tiempo completo a la función que se les encomendó.
Hasta el año pasado, la percepción bruta de los integrantes del CPC ascendía a poco más de 96 mil pesos.
“Si a un servidor público se le prohíbe desempeñar actividades privadas para evitar actos de corrupción en la medida de lo posible, con mayor razón a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que son quienes revisan los actos de corrupción y de conflicto de intereses de los servidores públicos y de particulares vinculados a estos”, señaló.
Será la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en donde se llevará a cabo el análisis de dicha propuesta.
