Jueza encubridora de Guanajuato revierte su fallo y aleja a menor de su padre abusador
Solo tras ser denunciada por abuso de autoridad ante el Poder Judicial del Estado, la jueza revocó las convivencias que había ordenado
Alejandro Sandoval
Guanajuato.- La jueza civil Diana Agripina Rayas Frausto, quien ordenó que un hombre inculpado de un delito sexual en agravio de su propia hija volviera a tener convivencia con la víctima, emitió un nuevo acuerdo para retractarse.
La jurista, que recibió denuncias por abuso de autoridad ante el Consejo del Poder Judicial del Estado, revocó las convivencias asistidas que antes había ordenado.
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La defensa y la madre de la víctima ofrecieron la documental del caso. Y después del análisis, dicha jueza resolvió que no se pueden llevar a cabo las convivencias con antelación ordenadas por ella misma.
Reconoció que con motivo de los datos de prueba aportados en la carpeta de investigación, existen indicios suficientes para tener por acreditado que la hija pudiera ser víctima del delito que resulte de lo sexual.
Emite orden de restricción
La jueza respaldó la medida de restricción para que el padre no se acerque a su hija a una distancia de 500 metros.
Y no solo eso, sino que lo apercibe de que de incumplir dicha restricción utilizará medidas de apremio. Además le ordena al padre de la menor, que “actúe de forma leal, que no mienta, y que actúe conforme a procedimiento, cuenta habida de que eran de su conocimiento los alcances de la medida de protección decretada por el ministerio público, de la cual no hizo mención en el escrito en el que solicitó la reanudación de las convivencias supervisadas”.
En el mismo instrumento, la jueza ordena a Titular de Centros de Convivencia DIF que no reanude las convivencias como se requirió en el auto 23 de enero de 2023
Así también, la jueza avisó a la Procuraduría de Protección de Niños Niñas y Adolescentes para que manifieste lo que mejor convenga a la menor. En fechas anteriores, la misma Procuraduría denunció al progenitor.
Investigación proviene desde junio del 2022
Como antecedente, el miércoles 25 de enero se presentó la queja formal contra la Juez Civil de Partido Especializada en Materia Familiar.
De acuerdo con el contenido de la queja, de la cual Periódico Correo tiene una copia, el 17 de junio de 2022 se inició la carpeta de investigación 67479/2022 contra el presunto agresor. Esto en la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de la Fiscalía, por el delito que resulte de lo sexual.
Esta denuncia se ratificó por una representante de la Procuraduría Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes, del DIF.
La conducta delictiva ocurrió durante una convivencia supervisada entre la niña y su padre. Para ese entonces, él estaba separado de su esposa y en trámite de divorcio.
El 24 de junio de 2022, la Fiscalía resolvió que al considerarse que existen indicios suficientes de que la niña pudiera ser víctima de un delito, libró una medida de protección de emergencia en favor de la menor. Esta impide al padre y presunto agresor la reanudación de las convivencias supervisadas por el tiempo que dure el proceso.
No es el primer caso de la misma jueza
En 2022, la misma jueza ya participó en un caso muy similar.
En aquella ocasión, a Mónica Oliva el denunciar al padre de sus dos hijos por violencia familiar y abuso sexual ante la Fiscalía estatal, le costó la guardia y custodia de los dos pequeños de apenas 4 y 5 años de edad. La jueza Diana Agripina Rayas Frausto determinó el cambio de custodia en favor del presunto agresor, tras una audiencia de más de 3 horas de duración realizada este lunes en los juzgados civiles de León.
El domingo 24 de abril del 2022. Mónica compartió su caso ante cientos de asistentes a la marcha realizada en León contra la violencia feminicida. Ahí, por primera vez narró el miedo y la preocupación que atravesó durante los últimos dos años, tras haber procedido legalmente contra su expareja. El hombre de 58 años de nacionalidad iraní, con frecuencia alardeaba de formar parte de la mafia en Estados Unidos.
La afectada narró que desde que se decidió a presentar las denuncias penales, la Fiscalía determinó no ejercitar ninguna acción en contra de su expareja. Esto a pesar de haber presentado tres peritajes acreditando el daño contra ella y sus hijos.
Sin embargo, las pruebas se decantaron a favor del sujeto. Esto tras tomar en cuenta otro peritaje que una psicóloga adscrita a la Fiscalía realizó cuando los menores tenían 4 y 3 años, donde los interrogaron como adultos. Mónica aseguró que la perito reconoció no tener experiencia previa en tratamiento a víctimas infantiles, ni en casos de abuso sexual.
La madre logró obtener la guarda y custodia de sus hijos el año pasado, junto con una orden de restricción contra su expareja por la vía civil. Esto luego de que se le negara por la vía penal. Mas la jueza Rayas Frausto le concedió al padre tener convivencias no supervisadas los fines de semana.
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En dichas convivencias los abusos sexuales escalaron, según quedó constancia en los servicios de atención psicológica que ambos niños recibieron en el Centro Integral de Atención a las Violencias en León (CAIVAC).
