“No alcanzó”: Urge SJTE más presupuesto para atender Justicia Laboral en Guanajuato

El Supremo Tribunal que se necesita más presupuesto ante el incremento de casos a resolver en materia de Justicia Laboral

Lourdes Vázquez
Guanajuato.- La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rosa Medina Rodríguez, advirtió que se requerirá contar con mayor infraestructura para atender la Justicia Laboral, ante el aumento en los asuntos de este tipo.

Recordó que, a partir de la Reforma Laboral, el pasado 3 de noviembre del año pasado inició la operación de los juzgados laborales

“Se está realizando un trabajo diario, tratando de estadísticas. Es un día a día que se está alimentando nuestra base de datos”, señaló.

Y es que señaló que, de acuerdo con la ley, previamente, las partes tienen que entrar a la fase de conciliación de manera obligatoria. Si esto no se logra, entonces se da el juicio.

Respecto a la demanda que existe en materia laboral, señaló que: “desafortunadamente el presupuesto no alcanzó para abrir más regiones pero ya con la necesidad se tendrán que tomar las medidas”.

Dijo que no se puede establecer un plazo para determinar la necesidad de más juzgados, sino que:

“Tenemos que ver cómo se está comportando la operatividad en los juicios laborales (…) pero no hay que descartar eso. Es como en todos los subsistemas, que la población va aumentando y así como va a aumentando, van aumentando las necesidades”, señaló.

Actualmente hay cuatro centros de justicia laboral en los municipios de Celaya, Guanajuato, León e Irapuato. Para poner en funcionamiento el nuevo modelo de justicia laboral se destinaron 237 millones de pesos, según se informó en noviembre del año pasado.

Larga travesía para la Justicia Laboral

Desde el 2020, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la nueva Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato a fin de consolidar la justicia laboral en la entidad. El pleno también avaló reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que inciden en la materia.

Se destacó que, con la nueva Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral, se regularía la integración, estructura, organización, funcionamiento y atribuciones de dicho centro. También se contempló la creación de delegaciones regionales, conciliadores, notificados. Además del Órgano Interno de Control y un Instituto de Capacitación y Formación en Conciliación.

Por otra parte, el arranque del nuevo Sistema de Justicia Laboral en el estado de Guanajuato fue simultáneo en todo el estado. Así lo informó el entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Héctor Tinajero Muñoz.

Recordó que el nuevo sistema de Justicia Laboral contaría con cuatro sedes ubicadas en León, Guanajuato capital, Irapuato y Celaya y cada una de estas sedes atenderán a los municipios que les corresponde según su competencia.

Además, dijo que la capacidad presupuestal en materia de sueldos y salarios estaba calculada para los dos primeros años de arranque de acuerdo con las cargas de trabajo.

Al respecto, se dio a conocer que para el pago de las más de 70 plazas que operarán el Sistema de Justicia Laboral se destinará alrededor de 70 millones de pesos anuales, mientras que la operación de los edificios costará alrededor de 1 millón de pesos cada año.

Mientras tanto, para la designación de jueces participaron más de 400 abogados de todo el estado los que fueron seleccionados se capacitaron desde julio hasta este mes, durante 8 horas al día y todo el personal ya está capacitado y con cursos terminados.

Confían en la desaparición del coyotaje

El presidente de la Coparmex Zona Metropolitana León, Héctor Rodríguez Velázquez, confió en que el nuevo sistema de justicia laboral acabe con las malas prácticas, tanto de patrones como de trabajadores, incluido el coyotaje.

Entre los cambios más importantes destacó que se obliga a intentar la conciliación antes de llegar a un juicio, con mediadores capacitados para tratar de resolver los conflictos.

También resaltó que el pago de salarios caídos se haya topado a 12 meses, con lo cual también se busca resolver los litigios lo más rápido posible en beneficio de ambas partes.

Con ello, añadió, también se erradicarán malas prácticas y vicios del anterior sistema.

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