De fiscales y comparecencias imposibles

Inicia el cuarto informe de resultados del fiscal, la violencia recrudece, las ladrilleras siguen sin solución y otros temas…

1.- De fiscales y comparecencias imposibles

Pese a la cruenta realidad que evidencia su negligencia, cuestionar al fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, pareciera una misión imposible para la oposición del Congreso de Guanajuato. Es materia que requiere refuerzos en ideas e insumos informativos, o de plano, causa perdida para los derrotados.

Este lunes se realizará la comparecencia legal con motivo del cuarto informe de resultados del fiscal, como mesa de trabajo. Será la cuarta oportunidad para sacarle provecho. Vaya, al menos, para aclarar los faltantes en materia de procuración de justicia, en voz del hombre que la ha encabezado en los últimos 13 años.

Aunque los datos están a la vista, en ocasiones anteriores la oposición se quedó corta. Ahora legisladores como Gerardo Fernández González del PVEM, Yulma Rocha Aguilar del PRI y Dessire Ángel Rocha de MC, prometen llevar un arsenal basado en datos duros que ya se han alertado por parte de la Sociedad Civil Organizada.

¿Qué se sabe de Morena? Fuera de los reclamos ya conocidos y compartidos por la opinión pública, la segunda fuerza política del estado no ha manifestado mayor interés en entrarle a la comparecencia en fondo y forma.

Un insumo básico es la organización México Evalúa, cuyos resultados son presumidos por Zamarripa cuando le favorecen, pero que últimamente ha marginado por los focos rojos que le han alertado; en 2020, señalaron que la impunidad aumentó casi un 15 por ciento, pasando del 74.2 por ciento al 85.4 por ciento del total de casos.

Otro foco rojo expresado es la ausencia del Plan de Persecución Penal (PPP) que extrañamente se dejó fuera de la ley orgánica de la Fiscalía. Se trata de un documento que debe partir de un diagnóstico para enfocar y medir las baterías sobre los delitos que más impacto tienen en Guanajuato.

Sin este PPP, el fiscal surfea libre sin una base para entregar resultados y un órgano regulador que se los mida.

Estamos pues, a merced de que este lunes se le planteen preguntas que Carlos Zamarripa no pueda responder o de plano, algún desplante que sirva para la pirotecnia política sin el mayor fondo. Las víctimas a la espera.

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2.- Violencia en Guanajuato, tema que se ve y se siente

La semana que terminó, mostró la cruda realidad que no se refleja en las cifras o discursos oficiales. Hechos violentos que mostraron que la crisis que vive Guanajuato no está cerca de terminar, con pulsaciones de crueldad vívidas para el ciudadano común.

Fue justo en la coyuntura del cuarto informe de gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, cuando la cantidad de víctimas alcanzó su mayor techo en una semana, con la friolera de 17 personas asesinadas en diferentes hechos; una masacre en Irapuato incluida.

Para más breves palabras, en una semana nuevamente se alcanzó el cruento promedio de 10 víctimas al día, de las cuales la ciudad de León se ha vuelto un permanente aportador con dos y hasta tres al día. ¿Vendrá en el cuarto informe de resultados del fiscal?

Pero hay matices que son más bien agravantes. Estos hechos incluyeron a una persona decapitada cuya cabeza fue colocada frente al popular mercado Morelos de Celaya, con un mensaje que reflejó lo horrores del delito de extorsión que sufren sus locatarios desde hace varios meses.

Este hecho se relacionó con una situación similar en el mercado Cañitos ocurrido días atrás con otra advertencia. No es una situación aislada. La impunidad y desatención oficial prevalece. A pesar del hecho no hay algún operativo de vigilancia especial.

La inseguridad y la violencia son tan recurrentes para los obispos Enrique Díaz Díaz de Irapuato y Víctor Alejandro Aguilar Ledesma de Celaya, que de abordar el problema con críticas directas a los gobiernos en turno, ahora establecen actividades de atención a las víctimas que no paran de acumularse.

Lo dicho, la violencia en Guanajuato no admite presunciones ni triunfalismos, se ve y se siente con toda su crudeza.

Un ejemplo: Ejecutan a tres hombres en el Fraccionamiento el Rehilete de Villagrán

3.- Ladrilleras en Guanajuato, tres décadas sin solución

“Tecnificación de la industria ladrillera, equipamiento, programas sociales, actualización del reglamento de operación…” todos estos objetivos parecen actuales, pero se trata del plan de ordenamiento territorial y ecológico aprobado para León en el trienio que encabezó Vicente Guerrero Reynoso de 2006 a 2009.

Pero lo anterior, es apenas una referencia. Los intentos por regular y atender la problemática de las ladrilleras en León, se acumulan desde la presidencia municipal que encabezó Carlos Medina Plascencia, quien en 1989 ya realizaba giras a polígonos productores como La Laborcita, Loza de los Padres y San Pedro de los Hernández.

Con las omisiones del tiempo, lo que inició como una problemática coyuntural por el atraso tecnológico que enfrentaban los productores de ladrillo, se acumuló hasta provocar una crisis ambiental, social y política que persiste hasta nuestros días.

Aunque el gasto para desarrollar proyectos y programas acumulados en el tiempo, amén de la necesaria actualización de las condiciones de la ciudad y de esta industria, la última gran inversión se hizo en el gobierno de Miguel Márquez Márquez que en 2019 anunció 200 millones de pesos para regular y tecnificar las ladrilleras.

Pero poco o nada se ha visto. La tarea queda para la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos y la secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, María Isabel Ortiz Mantilla.

Empresarios ejerciendo presión por la inviabilidad que esta actividad cercana a sus desarrollos les ha provocado, afectaciones a la salud de habitantes cercanos, marginación y pobreza en estos anillos poblacionales, son todo un coctel que crece junto con el desarrollo de León.

Se trata de un problema que crece con el tiempo. Por ahora, la reubicación de los productores de ladrillo pareciera un túnel de salida pero cuyo final, aguarda nuevas complejidades alimentadas por la omisiones acumuladas.

CONTRA RETRATO

María Elena Morera Mitre

El asesinato del estudiante de la UG Ángel Rangel, confirma los inconvenientes de que los militares estén en las calles y no en los cuarteles, consideró María Elena Morera Mitre, presidenta de la organización Causa en Común.

Para la activista no es justicia suficiente la vinculación a proceso del elemento de la Guardia Nacional responsable.

“Una de las reglas más importantes entre los militares en México es la disciplina y la obediencia (…), quienes dispararon lo hicieron por órdenes de alguien más”, y no castigar al mando detrás del ataque, contribuiría a que el caso quede impune.

Morera señala que la agresión a Edith Carrillo y Ángel se suma a otros episodios que evidencian la deficiente capacitación de la Guardia Nacional. Sus funciones no son claras, son tan diversas como detener migrantes, intervenir en fiestas, en retenes carreteros, y sus reacciones siempre son desproporcionadas. Gran parte de la corporación proviene de la Marina o la Sedena, son elementos no idóneos para atender tareas de seguridad pública. La activista señala que el gobierno federal debe entender “que los militares no sirven para todo”.

Hay que destacar que la importancia del lenguaje caracteriza la crítica de Morera al mandato de Andrés López Obrador, y al tratamiento que la asociación que encabeza da al tema de seguridad. María Elena exhorta al presidente a no llamar “incidentes” casos tan graves como el asesinato de un universitario. En sus recuentos, Causa en Común cataloga los hechos violentos (fosas clandestinas, descuartizados, tortura, homicidios de menores) como “atrocidades”. Es importante visibilizar más allá de los números la realidad del país.

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