Empresas y medio ambiente: el sesgo burocrático
1.- Empresas y medio ambiente: el sesgo burocrático
Una visión burocrática del medio ambiente, ajena a los esfuerzos por preservar los recursos naturales, cunde entre empresas y los gobiernos en Gua4ajuato.
La propensión para ver los requisitos de compensación o las multas por incumplimiento como moneda de cambio, han derivado en la normalización de los agravios ambientales sin llegar a la remediación del daño.
Recientemente Correo reveló que Grupo Walmart y una de sus filiales encargada de construir sucursales de Bodega Aurrerá, han acumulado 23 sanciones con multas, por incumplir las leyes y reglamentos en materia medioambiental en 15 municipios de Guanajuato, entre enero de 2020 y el primer semestre de 2022.
En primera instancia, esa recurrencia al acto irregular con el objetivo de colocar una unidad de negocio, es un botón de muestra de prácticas que admiten las faltas y los castigos, pero que siguen adelante como si se trataran de un paso más en la tramitología.
La propia Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) a cargo de Gerardo Morales Moncada informó que estos actos ameritaron las multas más altas aplicadas en el periodo, que en suma alcanzan más de 1 millón 411 mil pesos. Ahí se exhibe la laxitud del marco legal con la que la dependencia enfrenta el problema.
Pero ¿qué pasa cuando subimos el nivel y vemos otros giro de las empresas?
El exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, planteó en 2019 un cuadro tan certero como aterrador a nivel nacional. Apuntó que las leyes ambientales son pasadas por alto, los funcionarios se corrompieron, y las empresas ampliaron su voracidad.
Es entonces cuando es preciso recordar casos de contaminación como los de Química Central entre León y San Francisco del Rincón, o bien, Quidesa y Tekchem en Salamanca. Todas ellas industrias que acumularon por décadas desechos nocivos para el ambiente y la salud, que aún con procesos penales en su contra, se mantienen inamovibles.
Para no ir tan lejos, incluso empresas del Estado como Pemex contaminan el ambiente mientras instancias, también burocráticas, dirimen las denuncias que se han interpuesto en su contra.
El caso de Walmart muestra en pequeña escala la normalización de la burocracia ambiental, sin dimensionar que el tema requiere una concientización mayor que ni la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) que encabeza María Isabel Ortiz Mantilla ha logrado.
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Empresas y medio ambiente: el sesgo burocrático
2.- El CPC termina una etapa ¿y los resultados?
El abogado y docente de la Universidad de Guanajuato, Julio César Rodríguez Fonseca, culmina su gestión como integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y con ello termina una etapa que deja más sinsabores que resultados tangibles en un tema crucial para la vida pública.
Rodríguez Fonseca fue de los escasos integrantes que mostraron una visión crítica del ejercicio público. En más de una ocasión provocó la molestia de los titulares de las dependencias y poderes que componen el Consejo Coordinador del SEA, lo cual no sería novedad si no es por que sus compañeros del CPC también le conferían esa aversión.
Y es que desde su instalación en noviembre de 2017, el CPC transitó internamente por una serie de debates por una absurda encrucijada: ¿hasta donde tienen la atribución de combatir la corrupción?
Esa duda persiguió a los primeros integrantes del CPC entre los que se encontraban Arminda Balbuena Cisneros, Román Méndez Navarrete, Fernando Revilla Guerrero, Hilda Venegas Barboza y el propio Rodríguez Fonseca, quien fue elegido con el periodo más largo (cinco años) que ahora termina.
Los ímpetus por perseguir la corrupción y convertirse en una instancia que asesorara en causas concretas a los ciudadanos se fue diluyendo, frente a otra visión –hoy mayoritaria- de remitirse a los foros, eventos y capacitaciones, al no considerarse funcionarios públicos con deberes proactivos en el tema para el que fueron designados.
Fue así que en un aleccionador fallo judicial, se obligó a los integrantes actuales, Katya Morales Prado, Andrea Ludmila González Polak, Giovanni Appendini Andrade y Alejandro Ramírez Zamarripa, a entender que sus funciones van más allá que la de ser simples gestores de la teoría anticorrupción.
Por supuesto, no es de obviar que cada integrante del CPC percibe un salario de 85 mil pesos mensuales para este 2022, pues en los anteriores este ascendía a más de 100 mil pesos.
Por ahora, se ha emitido la convocatoria para la designación del nuevo integrante que tomará el lugar de Rodríguez Fonseca que concluye el próximo 15 de noviembre.
Queda en la expectativa si los integrantes del CPC entenderán que combatir la corrupción real sin abstracciones, no sólo es un deber ético; viene junto con el cheque que cobran cada quincena.
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3.- Estadio Sergio León: un activo muy inactivo
Vaya si es penosa la situación del Estadio Sergio León Chávez en Irapuato. Un inmueble histórico que se encuentra atado a los conflictos entre el gobierno municipal y los diversos proyectos privados que no han logrado cuajar la permanencia de un equipo de futbol que le de vida.
Ayer el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anunció su intervención para resolver el conflicto que mantiene el inmueble sin oficio ni beneficio, eso sí, causando gastos al erario público entre composturas y mantenimientos.
En 2016 el gobierno de Ricardo Ortiz Gutiérrez anunció obras de remodelación y adecuación del estadio, con la intención de cumplir los nuevos estándares de la Liga MX y atraer inversionistas serios, a pesar de que se trata de una propiedad privada. A partir de ahí llegaron los nubarrones.
Tras la efímera euforia por el campeonato conseguido por la última franquicia de segunda división, que no les valió para el ascenso a la llamada Liga de Expansión del futbol mexicano, hasta persisten demandas que enfrentan el Municipio de Irapuato, el Club Deportivo Irapuato AC, y el Grupo Tecamachalco.
El municipio ahora presidido por Lorena Alfaro García, reclama la posesión el estadio al Grupo Tecamachalco de Fernando San Román; el Club Deportivo Irapuato AC que preside Juan Albo Moreno demanda 150 millones de pesos al municipio por daños al inmueble, al acusar irregularidades en el gasto público realizado para las remodelaciones.
En esa maraña se meterá el gobernador, en nombre de los 100 millones de pesos erogados para una remodelación que poco a poco queda en nada.
Si bien Rodríguez Vallejo expresó que el tema del fútbol de Irapuato “es muy importante para él”, el tema es de pesos y centavos. El valor de la plaza futbolera, poco ha pesado para los privados que la han aprovechado y luego abandonado.
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Empresas y medio ambiente: el sesgo burocrático
CONTRA RETRATO
Luis Gerardo González
Su llegada en 2020 a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial de León, venía con la expectativa de mantener el tono crítico y protagónico en las decisiones de impacto público para la ciudad y el estado. Sin embargo, por razones de origen sus dos años de gestión han dejado la sensación de que ese papel se ha ido a menos.
El empresario zapatero Luis Gerardo González García, venía de desempeñarse en la presidencia de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), en donde no destacó por un perfil crítico y proactivo, sin embargo, se pensó que sus buenas relaciones con el gobierno le fructificaran al gremio empresarial.
El resultado ha sido una gestión en la que han comenzado a extrañar a personajes como José Abugaber Andonie – hoy presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados. Unidos Mexicanos (CONCAMN)-, Gustavo Guraieb Ranth –actual integrante del Observatorio Ciudadano de León, o el actual síndico José Arturo Sánchez Castellanos.
Por ahora, la respuesta de González García fue criticar una supuesta omisión de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, para escuchar a los empresarios. “Así como va a Mi Barrio Habla debería venir con los empresarios”, dijo justo después de su primer informe.
Sin mayor alarde argumentativo, Luis Gerardo González trató de apretar en los últimos días, antes del nuevo proceso deliberativo para definir la nueva presidencia de un organismo creado como una voz de contrapeso a la medida de la iniciativa privada.
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