Pepenadores: marginación y violencia
1.- Pepenadores: marginación y violencia
No es un mero asunto policiaco. Detrás del enfrentamiento entre personas dedicadas a la pepena y la policía municipal de León, que implicó la participación de 34 personas, 15 detenidas y seis de ellas presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por causar daños a patrullas y lesiones a tres policías, hay un historial de clara marginación social.
La pepena es una actividad que, por décadas, fue el sustento de una población que para 2015 daba sustento a más de 600 familias. Todas desempeñando una función que, aunque irregular, ocupaba un lugar útil en el aprovechamiento de los desechos sólidos. Una labor manual que pocos se atreverían a desempeñar.
Tal es su importancia, que la pepena todavía era permitida hasta entrado el año de 2011. La actividad prácticamente normalizada, ya contaba con una microeconomía en la que participaban 40 familias apropiadas de terrenos denominadas como bodegueros, mismos que se encargaban de acopiar el material pepenado para su venta.
La actividad en esos años con el entonces alcalde panista Ricardo Sheffield Padilla, fue interrumpida por la incursión de la empresa Lyrba, que de golpe y porrazo sacaría de la jugada a estos centros de acopio, para tener la exclusividad del aprovechamiento de los residuos. La promesa era que generaría ganancias para las arcas municipales.
En cuanto terminó la administración del ahora morenista y Procurador Federal del Consumidor, Lyrba abortó el proyecto. Escasos dos años operó la misteriosa empresa que provocó una de las primeras grandes crisis con este sector de la población, que recurrió a los primeros bloqueos del relleno sanitario El Verde.
En el gobierno de la priista Bárbara Botello Santibáñez las cosas no pintaron mejor. Con la promesa de concesiones de recolección profesionales, además de la exigencia a la empresa PASA ya a cargo de la concesión del relleno sanitario, los pepenadores fueron marginados ahora del acceso a sus instalaciones.
Bien es recordado el conflicto que sobrevino entre pepenadores y dueños de las rutas de carga que hasta entonces realizaban la función de recolección, con el municipio que decidió concesionar el servicio a empresas instituidas y especializadas en la función que, dicho sea de paso, motivaron una revancha política.
Entró el gobierno de Héctor López Santillana y en el afán de eliminar las sombras de su antecesora, repusieron la concesión para PASA, colocando a esta empresa como juez y parte; recolectora y acopiadora de los residuos que ya significan un jugoso negocio.
En todo ese proceso, los pepenadores no han sido parte de la ecuación. Población de zonas marginadas cuya forma de vida fue rota para convertirse ahora en un foco de violencia. Un ciclo que como pocas veces queda reflejado de la forma más vívida, con al menos otros cuatro incidentes similares.
2.- Pascual ¿el elegido de Márquez?
La influencia que Miguel Márquez Márquez mantiene sobre el PAN sigue latente y patente. Al menos en los pueblos del rincón ese peso se mantiene vivo con un protagonismo exacerbado, no lógico a cuatros años de haber dejado el poder.
Por lo pronto, mientras el proyecto político de Acción Nacional aún parece nebuloso rumbo al 2024, todo indica que Márquez ya tiene sus cartas claras en San Francisco del Rincón, donde la figura de Pascual Sánchez Muñoz fue placeada por encima del alcalde Antonio Marún.
Si de por sí el perfil del también exsecretario del Ayuntamiento opacaba al alcalde, debatiendo o respondiendo cuestionamientos de la oposición, ahora como director de desarrollo Social y Rural, lo hace aún más.
Ayer, Pascual fue el único director que compartió la primera fila con el propio presidente municipal, legisladoras y el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, mientras sus compañeros de gabinete estaban más atrás o de plano ni silla alcanzaron.
Se sentó al lado de Márquez, quien estuvo presente saludado a Diego, que en su discurso se deshizo en elogios por él. Hasta tiempo se dio para aclarar que no hay enemistad entre ellos, sino “puros abrazos”.
El hecho es que el nuevo cargo conferido a Pascual, no solo le ha permitido acercamiento con la crema y nata de Acción Nacional, sino con la gente en colonias y comunidades. Ahí, donde están los votos.
Para mayor dimensión de la evidente plataforma armada a favor de Sánchez Muñoz, basta recordar que, para su nuevo cargo, los extitulares de Desarrollo Social y Rural, Rafael Alba Arriaga y Juan Pablo López Hernández respectivamente, descendieron de cargo, disminuyendo sus sueldos.
De manera que, si Pascual Sánchez se vuelve candidato, más le vale hacer honor a tantos sacrificios.
3.- La persistente vulnerabilidad de los ‘anexos’
Son casonas enclavadas en colonias populares, predios ubicados en zona marginadas o suburbanas. La mayoría no está en regla, pero eso no evita que familias desesperadas y sin recursos, entreguen a sus hijas o hijos con problemas de adicción.
En dos años, al menos 11 anexos en Guanajuato han sido atacados. A veces el objetivo era un padrino, en otros hombres armados dispararon contra todos los que estaban al interior. Como en julio de 2020, cuando ocurrió la peor masacre con 28 personas asesinadas en un centro de Irapuato.
Por hechos como esos la seguridad en torno a estos Centros de Rehabilitación, pasó de una necesaria reacción a una demanda permanente aún insatisfecha. De ahí la demanda pública del representante de Nicolás Pérez Ponce, dueño de un ‘anexo’ en Silao y representante de la unión de estos a nivel estatal.
Las necesidades para que estos centros operen dentro de la regulación, además de respaldados por una enérgica política pública, son variadas y apremiantes, pero por ahora la prioridad es la seguridad. Los centros de atención a las adicciones son un blanco fácil para los grupos delincuenciales.
La respuesta del municipio de Irapuato es notable: la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró que los operativos para la revisión de estos espacios no han cesado y se han atendido a por lo menos 44 con supervisión. Por lo demás, la tarea ‘es de otro’.
Los anexos siguen siendo un punto ciego y vulnerable para Guanajuato, donde el nivel de violencia se incrementa más allá de los números.
CONTRA RETRATO
Carlos García Villaseñor
Como si la estabilidad y certeza de su gabinete fuera cosa menor, ha realizado al menos once cambios de directores de dependencias en un año y tres meses de gobierno. Algunos por cuestiones internas, otros por escándalos públicos. Al final, se trata de una señal sintomática de una administración turbulenta.
El alcalde Carlos García Villaseñor ha despedido o relevado la friolera de once miembros de su gabinete, de los cuales, tres se dieron de forma reactiva, al verse envueltos en denuncias públicas y formales.
Por acusaciones de presunto acoso sexual y hostigamiento laboral, en abril de 2022 se separó de sus cargos a quienes eran responsables del Rastro Municipal y de Mercados. El tercero se sumó ayer con la promesa de remover a Gustavo Guerrero, como director del Centro de Control y Atención Animal, por hacer lo contrario a su deber.
De manera que entre sus movimientos, se agregan ocho casos que son enteramente definición de García Villaseñor.
Primero se removió a los directores de Educación y Cultura, Protección Civil, Oficialía Mayor y Comunicación Social Protección Civil. Ahora anunció que correrán la misma suerte Salvador Rocha Hernández, María Teresa Navarro Fuentes y Juan Zamora González, titulares de Desarrollo Social, de Derechos Humanos y de Comercio.
Se trata de encargos nade menores. Son áreas estratégicas de su gabinete que han enfrentado la inestabilidad y la posición reactiva del alcalde morenista, obsesionado con apurar los resultados que le hagan pensar en una posible reelección.
Se le puede reconocer la capacidad de reacción ante los escándalos, pero quizá su principal problema está en el reclutamiento de sus cercanos.
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