Niega rector UG desacato en caso de Paula, trabajadora despedida injustificadamente
El rector de la Universidad de Guanajuato rechazó que se le haya negado atención médica a la Paula durante la diligencia de reinstalación
Guanajuato, Guanajuato.- El rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, defendió que no se ha cometido desacato en el cumplimiento al laudo derivado del proceso legal que inició la trabajadora despedida de la Preparatoria de Silao en 2019. Además, rechazó que se le haya negado atención médica a la demandante durante la diligencia de reinstalación.
Primero comentó que prefería no "hablar de casos específicos", y luego aseguró que se hacen esfuerzos para responder jurídicamente a cada caso y "siempre agotando todas las posibilidades para el bienestar del trabajador".
Cuando se le preguntó acerca de la falta de atención por parte del personal de la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) a la excolaboradora que cuenta con 36 semanas de gestación en un embarazo de alto riesgo, respondió que "no quisiera entrar en polémica con un asunto que debe de tener un tratamiento evidentemente jurídico".
Al mismo tiempo el Rector negó que haya habido instrucciones de no auxiliarla, aún y cuando la desatención consta en imágenes registradas por la prensa presente, e incluso por las cámaras de circuito cerrado que se encuentran en el pórtico donde se llevó a cabo el llenado del acta de hechos.
Al hablar acerca del desarrollo del proceso por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios, Guerrero Agripino consideró que no ha existido desacato a la autoridad: "Todavía no hay desacato, todavía no causa estado la resolución...los casos se analizan desde el punto de vista evidentemente jurídico".
En cuanto a la de la presencia de los representantes legales que acudieron la mañana de este jueves a la diligencia, dijo que la UG tiene una estructura jurídica en su área laboral, así como de abogados externos: "Eso no ha sido en esta administración, eso ya tiene muchísimos años que así sucede, es una práctica institucional".
¿Qué pasó con Paula, empleada embarazada de la Universidad de Guanajuato?
Periódico Correo publicó que el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, incurrió en responsabilidad administrativa, al ignorar y no contestar una petición que le hizo Paula, trabajadora de la Preparatoria de Silao, quien fue despedida de forma injustificada, y quien le pidió apoyo para recibir atención médica al presentar un embarazo de alto riesgo.
La empleada fue despedida en 2019, pero obtuvo un laudo favorable y debió ser reinstalada. Sin embargo, hubo un desacato de la Universidad de Guanajuato para hacerlo.
“Me atrevo a escribirle solicitando una cita para exponer mi caso, del cual creo usted no está del todo enterado. Fui despedida injustamente de la prepa Silao, después de una acusación de acoso sexual, realizada por una servidora en contra de mi entonces jefe, y llevo 3 años en juicio”, le explica Paula en el correo electrónico.
En el mensaje, le pide una cita para solicitarle se le apoye con el servicio médico a ella y a su bebé, ya que es urgente y el servicio médico que recibe en el Hospital General carece de mucha atención.
Paula sufrió acoso en la Universidad de Guanajuato
Paula se ha enfrentado a múltiples obstáculos para salir adelante. En septiembre de 2019, denunció penalmente a su agresor, el coordinador administrativo de la Escuela de Nivel Medio Superior de Silao, Alejandro ‘N’ quien es hermano de uno de los integrantes de la Junta Directiva de la Universidad. Él fue nombrado en ese cargo por el rector Luis Felipe Guerrero Agripino.
La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación 102799/2019 en la Unidad de Atención Integral a las Mujeres.
Ante la fiscal, Paula relató el acoso en su contra. Contó que su jefe Alejandro ‘N’, en lo sustancial, le decía cosas en doble sentido y de índole sexual que la hacían sentir incómoda.
De acuerdo con la afectada, tras llevarse a cabo la investigación, su agresor se comprometió ante la Fiscalía a cubrir un pago de mil 800 pesos cada mes, durante un año, por concepto de reparación del daño, tanto psicológicos como morales, para no continuar con la demanda en los juzgados.
Por otra parte, en la Universidad de Guanajuato, Paula fue atendida por una psicóloga del Programa Institucional de Igualdad de Género. Sin embargo, era tan hostil su situación que en Recursos Humanos rechazaron justificarle las horas que se ausentaba de su trabajo para recibir dicha atención.
