Paula es reinstalada en su trabajo en la ENMS de Silao tras más de tres años de lucha contra la UG
Silao, Guanajuato.- Más de tres años fueron necesarios para que a Paula, la empleada despedida de manera injustificada por la Universidad de Guanajuato (UG), le fuera devuelto su puesto de trabajo como enlace administrativo en la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) en el municipio de Silao.
Paula logró vencer al aparato universitario que agotó todos los recursos legales posibles, y esta mañana se consolidó su reinstalación.
Minutos antes de las 10:00 horas de este lunes llegó a la Prepa Silao que se encuentra frente a Barrio Nuevo en el bulevar Raúl Bailleres, donde se reunió con su asesor jurídico. También se dieron cita representantes legales de la Máxima Casa de Estudios en la entidad y personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Se negó el acceso a medios de comunicación para presenciar la ejecución de lo resuelto por el órgano jurisdiccional, cuyo cumplimiento se dio en la oficina de la Coordinación Administrativa en la que Paula solía desempeñar su actividad laboral. Una vez realizada la diligencia, se quedó en el lugar para iniciar actividades.
Reinstalan a Paula, trabajadora despedida por la UG
El resultado fue satisfactorio para la parte actora, pues de acuerdo con lo señalado por el abogado y representante legal de Paula, Eloy Juárez Ramírez, "para un trabajador lograr que se le haga justicia por parte de la autoridad es un logro muy trascendental (...) es una satisfacción por parte del trabajador, y máxime al monstruo al cual se estaba enfrentando, como lo es una institución pública de la magnitud de la Universidad de Guanajuato y, desde luego, atendiendo a los criterios que los órganos jurisdiccionales operan para estos casos".
Antes de reconocer que el derecho le asistía a la parte actora, la Universidad se valió de todos los recursos legales posibles para impedirlo, pues en palabras de Eloy Juárez Ramírez, "(la institución) agotó todas las instancias que el proceso o la situación jurídica ameritaba y que la ley permitía...ya no había nada más que recurrir y ya estaba clara la determinación por parte del órgano federal constitucional, en el sentido de tutelar los derechos de la trabajadora".
Y es que la institución pública promovió un primer juicio de amparo que tardó por lo menos seis meses en resolverse, en cuya sentencia se ordenó la reposición del proceso al considerarse la posible vulneración de los derechos laborales en perjuicio de la UG, ya que no se le habría admitido una prueba en el juicio principal, relacionada con un aviso rescisorio para la trabajadora.
Una vez desahogada dicha prueba, la Junta Especial emitió un nuevo laudo y condenó a la UG a la reinstalación de Paula, pero la casa universitaria promovió un nuevo juicio de amparo por otras supuestas violaciones al proceso, el cual se prolongó por casi ocho meses, sin embargo, el Tribunal resolvió que los argumentos eran inoperantes debido a que no existía tal violación.
La Junta de Conciliación confirmó el laudo para la reinstalación y el pago de prestaciones económicas. Determinó que la reinstalación debía realizarse este 3 de julio en el puesto de trabajo y con las mismas condiciones laborales de las que la afectada gozaba hasta antes de su ilegal despido.
"Se demostró dentro del juicio que el despido del cual ella fue objeto fue totalmente injustificado, violando sus derechos humanos y, desde luego, derechos laborales", planteó vía telefónica el abogado.
Deben asegurar que no haya acoso
Ante ello el Patrón deberá inhibir conductas, por parte de su personal, que atenten contra la estabilidad laboral de la trabajadora: "Con esto se cierra una etapa del juicio y, sobre todo, en defensa y tutela de los derechos de la trabajadora. Tenemos la confianza de que la propia Universidad de Guanajuato no continúe con las violaciones a los derechos de la trabajadora, y no incurran sus superiores en actos de acoso o cualquier otra conducta que esté vulnerando sus derechos laborales".
Para la conclusión de la condena es necesario que se solventen las prestaciones económicas y en el ámbito administrativo, pues la UG deberá acreditar ante el Instituto de Seguridad del Estado de Guanajuato (ISEG) el pago de las aportaciones por seguridad social que dejó de percibir Paula en el tiempo que estuvo separada de su puesto.
El caso de Paula
El pasado 22 de febrero Correo dio a conocer que la trabajadora fue separada de su empleo en el año 2019 y que luego obtuvo a su favor un laudo que obligaba a la UG a reinstalarla, sin embargo, esto no ocurrió. En octubre de 2022 el estado de gravidez que presentaba, la orilló a solicitar vía electrónica el apoyo del rector Luis Felipe Guerrero Agripino para poder recibir atención médica; no obstante, éste ignoró su petición y, por el contrario, ordenó que se siguiera el proceso legal.
Según lo relatado por la afectada, fue una denuncia por acoso sexual que interpuso en contra de su entonces jefe, la que la llevó a enfrentar violaciones a su derecho al empleo.
En mayo de 2022 la Junta otorgó el fallo a su favor pero la Universidad de Guanajuato inició un juicio de amparo. Luego, para septiembre del mismo año un juzgador determinó que fuera reinstalada pero obtuvo la negativa por parte de la institución educativa.
El 2 de marzo de este 2023, por segunda ocasión en el proceso, se intentó la reinstalación de la trabajadora. En medio de su embarazo de alto riesgo y con un avance de 36 semanas, una actuario de la Junta de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios comenzó el procedimiento en el pórtico de la preparatoria y frente a decenas de estudiantes que atravesaban por el lugar, pero no dio cumplimiento al auto de ejecución contra la parte demandada, la Universidad de Guanajuato.
La tensa situación complicó el estado de salud de Paula, quien entró en aparente trabajo de parto y tuvo que ser trasladada por personal de Protección Civil municipal a un hospital, sin que personal de la UG ni del propio Juzgado se inmutaran.
LC
