El nuevo e incomprensible dislate en la UG
1.- El nuevo e incomprensible dislate en la UG
No se pueden entender las motivaciones que tendría la Universidad de Guanajuato (UG) para presentar, ratificar o atestiguar un proceso penal contra siete de los estudiantes que encabezaron la toma de la rectoría a raíz del proceso de sucesión.
Más incomprensible se vuelve pensar que la rectora general Claudia Susana Gómez López, haya tenido conocimiento de dicho procesos cuando inició su gestión asumiendo los diálogos con los estudiantes que participaron en la última protesta estudiantil con la que cerró el periodo su antecesor Luis Felipe Guerrero Agripino.
Esta semana, los siete estudiantes aludidos fueron notificados de sendas investigaciones abiertas en su contra por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE). Un movimiento incomprensible que tendrá que aclararse y justificarse a la luz de la verdad. De no tener fondo ni forma, se convierten en un innecesario frente abierto para la máxima casa de estudios del estado.
“Claramente es una cacería de brujas”, advierten los universitarios que fueron notificados con todo razón, pues la resulta que el común denominador en los momentos más álgidos de las manifestaciones del año pasado, es la presencia de funcionarios universitarios impulsados por Guerrero Agripino, que han prevalecido tras la sucesión en la rectoría.
Por ello es vital conocer si la rectora general actual supo de origen las denuncias o investigaciones que se presentaron o que se emprendieron desde la FGE. Hasta ahora, la respuesta oficial de la vocería universitaria se ha limitado a indicar que ambas partes han sido notificadas, por lo que no opinarían más al respecto. Así que las dudas, vienen patrocinadas por la misma UG.
No hay mucho margen para las sospechas. Estos procesos habrían sido abiertos en el inicio de las protestas cuando la entonces Secretaria General, Cecilia Ramos Estrada y el otrora Secretario de Gestión y Desarrollo -hoy Secretario General- Salvador Hernández Castro, las atendieron infructuosamente, o se iniciaron ya con Gómez López en plena negociación.
Por otro lado, no deja de ser un contrasentido que mientras la fiscalía de Carlos Zamarripa Aguirre acelera las correspondencias que implican a siete estudiantes actualmente activos en la UG, haya congelado totalmente las indagatorias sobre el allanamiento al Periódico Correo que el propio Guerrero Agripino y 50 de sus subordinados cometieron.
Así, con procesos penales con los que se corre el riesgo de provocar una nueva crisis universitaria, Claudia Susana Gómez López recibió una UG con interminables fierros en la lumbre. Toda una disyuntiva que le obligará a mostrarse autónoma e independiente respecto a su antecesor, o de plano con la disposición para afrontar tragos amargos heredados.
2.- Y la crisis llegó al HRAEB
Los cambios abruptos en el tema de la salud, suelen tener un costo más alto que sólo el presupuestario. La realidad es que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB) se encuentra en una grave crisis de atención, sin duda derivada de la decisión presidencial de finiquitar la administración privada y migrar la infraestructura al IMSS de golpe y porrazo.
Para funcionarios y trabajadores en general, la circunstancia de escasez de insumos y servicios -hasta jabón, papel y agua falta en los baños- sólo puede tener su raíz en el decreto presidencial que en octubre publicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, para ordenar la desincorporación por fusión del HRAEB con el IMSS-Bienestar.
La desestabilización es evidente. El HRAEB que dirige Juan Luis Mosqueda -quien ahora paga estos platos rotos- funcionaba gracias a la asociación público privada con la concesionaria Acciona, que le restaban cinco años más. Así que de un plumazo se liquidó esa relación contractual, lo cual implica un traslape de recursos y presupuestos que ya no llegaron al nosocomio al haberse centralizado.
Ya con los efectos negativos del cambio administrativo, no deja de ser importante que sea el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, el que levantó la voz para expresar su rechazo al desabasto que enfrentan, pues en una postura pública este mismo resaltó los 16 años de servicio de calidad que, de hecho, el HRAEB ha prestado en sus condiciones ordinarias.
“A 2 meses de completarse la transferencia del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB) al sistema 1MSS-Bienestar, la unidad médica enfrenta un grave desabasto de medicamentos, material de curación, equipo médico e insumos que le impide brindar servicio de calidad entre ellos a pacientes oncológicos en su retraso de tratamiento”.
El tiempo apremia y la centralización de los recursos no sólo comprometen la viabilidad de todos los hospitales de tercer nivel del sector salud, pues con la incorporación total al IMSS, el riesgo que las carencias y complejidades que este arrastra ahora se magnifiquen, lejos de que estos nosocomios robustezcan su estructura.
3.- Retrato de una crisis hídrica: la laguna de Yuriria
Con una sequía que amenaza con comprometer aún más la disponibilidad de agua que resta factible para Guanajuato, además de la tremenda irresponsabilidad de los gobiernos locales que han permitido y consentido la contaminación directa, la laguna de Yuriria enfrenta el peor de los mundos.
El desaire general de los funcionarios federales, estatales y municipales a las sesiones del Comité Técnico de esta Área Natural Protegida, ya no sólo evidencian el desinterés en la propia laguna, sino en establecer bases certeras de una plan hídrico estatal al ser este uno de los cuerpos de agua más importantes con los que cuenta Guanajuato.
Poco tiempo pasó para que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) María Isabel Ortiz Mantilla, advirtiera la carrera en círculos en que se convirtieron las limpiezas de lirio que además de insuficientes, terminaban en nada por el rápido crecimiento de esta plaga que se alimenta de la materia orgánica que se vierte en el lugar.
En el tema de la contaminación, la alcaldesa de Yuriria, Ángeles López Bedolla, no podría ser más acertada al corresponsabilizar al resto de los municipios que colindan con la laguna, pues desde estos proviene la respectiva contribución de descargas residuales sin freno.
En lo que tiene que ver con la escasez, el propio gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se pronunció por gestionar la redistribución de la dotación de agua que corre por la cuenca Lerma Chapala, una consigna que suena difícil de cumplir dadas las condiciones de desabasto que también se reclaman en Jalisco.
Al final, el tema es que con las marcadas ausencias de las dependencias federales y los municipios involucrados, hasta esas soluciones más que lejanas parecen inalcanzables.
CONTRA RETRATO
Alvar Cabeza de Vaca Appendini
Consciente está de que viene su salida de la administración pública estatal. Esa misma razón lo tienen en el afán de afianzar la estructura de sus allegados que ya operan como jefes de seguridad pública, además de aprovechar los huecos y omisiones que dejan los exagentes federales.
El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, logró, por ejemplo, que se mantuviera su influencia en el municipio de León, donde nada más y nada menos que su pupilo Jorge Guillén Rico sucedió a otro de sus allegados, Mario Bravo Arrona. Un movimiento que demuestra sus alcances ante el final de la administración.
Por otro lado, se mantiene sin postura frente a la propuesta de reforma policial que se ha planteado en el Congreso de Guanajuato, para que las policías desarrollen capacidades de investigación tal como viene diseñado el perfil de los expolicías federales, lo que le agrega cierta pimienta al tema.
Pero más allá de movimientos burocráticos, la realidad se impone. Junto a la violencia, el foco de riesgos y ataques se ha ampliado a diversos sectores, gremios y profesiones, esto ha incorporado diferentes voces al reclamo general sobre la situación de violencia e inseguridad que padece Guanajuato y que ahora parece ignorar el secretario.
Así que todo indica que la atención de Alvar está en otra parte. Quedan escasos siete meses para que el sexenio termine y todo indica que la tónica de evasiones y justificaciones se mantendrá, mientras se cocina la permanencia de un modelo policial que hasta ahora ha sido igual de infructuoso que el resto de los aplicados hasta ahora en Guanajuato.
