Estados y municipios, las pretensiones de Harfuch
1.- Estados y municipios, las pretensiones de Harfuch
Cuando la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo asevera que la asignación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), no necesariamente es militarizar la seguridad pública, tiene razón. La tiene por que la definición aplica sobre la labor concreta que realizará esta corporación creada precisamente a partir de los militares.
El proyecto hasta ahora expuesto por el próximo Secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, no se recarga en la Guardia Nacional. Su mensaje en lo público y lo privado con gobernantes electos, tiene que ver con el papel de las policías estatales y municipales que tampoco es garantía de no militarización, pero si abre la puerta a un mando único de facto.
Analistas de seguridad han especulado con la creación de una nueva corporación que podría integrar a los policías estatales y municipales que dependerían de esta administrativamente sin quitar el mando a los gobernadores o alcaldes. Vaya, lo que se dice es que García Harfuch ‘ajustaría o actualizaría’ aquel añejo y fallido planteamiento de tiempos de Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna.
Certero o no el planteamiento, en los hechos cada gobernante electo -mayoritariamente morenista- ha hecho pasar el filtro de la designación de su titular de seguridad pública, para garantizar el entendimiento planteado por García Harfuch, incluyendo a la gobernadora electa de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, como ella misma lo presumió al presentar a Mauro González Martínez.
Es precisamente por esta coyuntura, que el documento titulado “Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días” que fue filtrado y difundido, aparentemente sin el visto bueno de Sheinbaum Pardo se ganó la atención de periodistas y medios de comunicación. Algunos, como Correo, decidieron hacer eco del contenido debido, sobre todo, a su verosimilitud.
El acento está en la situación de los estados y sus municipios, entre los que Guanajuato tiene un lugar bien ganado. Bajo el criterio de la atención prioritaria se señalaron diez municipios entre los que se incluyen León y Celaya, pues se identificaron tres grupos criminales: Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Santa Rosa de Lima y del Cártel Nueva Plaza, aliado del Cártel de Sinaloa.
Es por este panorama complejo por la diversidad de escenarios políticos de cada entidad, que la idea de una figura similar a la de un Mando Único toma fuerza, pero con sus acotaciones. Para resumirlo, vale la pena reproducir lo que narró el gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, de su encuentro con Omar García y que muy seguramente se reiteró con Libia Dennise:
“Que los tres órdenes de gobierno asumamos la responsabilidad. Que los municipios asuman la responsabilidad y que los estados la de coordinarse. El mando único podría deslindar de responsabilidades a alguno de los órdenes de gobierno; teniendo una coordinación operativa estratégica podríamos trabajar correctamente”.
2.- Ratificados y reubicados: los resabios del sexenio
Libia Dennise García Muñoz Ledo eligió su gabinete consciente del rango de poder que le otorga ser la gobernadora electa. Para algunos podrá ser limitado dados los compromisos asumidos con el grupo político del gobernador saliente Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para otros quedó probado que hay una nueva jefa a cargo.
El único caso que sin duda se debe a una negociación interna es el de Héctor Salgado Banda en la Secretaría de Finanzas, sin embargo, aunque se prevé que su paso sea transitorio no se le puede descartar como el nuevo tesorero de confianza. De ahí en más, el resto de las ratificaciones tendrían que ver inequívocamente con las condiciones particulares de cada dependencia.
El caso de Susana Guerra Vallejo en la subsecretaría de atención a las personas migrantes obedeció sin duda a la demanda de los connacionales, que de por sí ya habían sido invisibilizados; Luis Ernesto Rojas en la Coordinador de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce), tiene que ver con una amistad directa pero también con la necesidad de apretar el paso y elevar sus metas.
Antonio Reus Montaño se quedó al frente del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para terminar de darle forma a un área que desde el sexenio pasado ha caído en el devaneo sobre su lugar en la estructura de gobierno; Héctor López Santillana, como él mismo lo declaró, deberá cerrar la etapa del Guanajuato Puerto Interior como entidad.
En tres casos se anunciaron ratificaciones pero la realidad es que su nombramiento no pasa legalmente por la gobernadora. Sergio Rochín en la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, Teresa Palomino en la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes y Graciela Amaro en el Instituto de Planeación, terminarán su gestión legal, claro, si la gobernadora no dispone lo contrario.
Más allá de las interpretaciones está la innegable mayoría de designaciones realizadas a ciencia y conciencia de la exsecretaria de desarrollo social y humano. Sólo un reducido grupo de funcionarios provenientes de la administración que está por terminar fue ratificado, no sin antes dejar en claro la vulnerabilidad de su permanencia en otro sexenio.
3.- INM: de reacciones tardías
A más de un mes de las agresiones cometidas contra los migrantes sudamericanos que se encontraban en la vías férreas cercanas a la comunidad de Nápoles en Silao, el Instituto Nacional de Migración (INM) reaccionó con algo más que una simple postura escrita desmintiendo versiones de redes sociales.
El director general de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), Andrés Vidal Islas, saltó a la palestra para anunciar que separó de su cargo a los agentes implicados en aquel capítulo que incluyó golpes, insultos y detonaciones de arma de fuego.
A decir del funcionario federal, se trata de una actitud convencida de supervisar y evitar violaciones a los derechos humanos en territorio nacional. Tan es así, que aseveró que en lo que va del año se han sancionado a más de 3 mil agentes por malas prácticas. Una cifra descomunal que confirma que esto de los abusos es la regla y no la excepción.
Eso sí, puntualizó que los elementos del INM no usan armas de fuego ni tienen autorizado el uso de ningún nivel del uso de la fuerza. De percibir algún riesgo, se hacen apoyar de la Guardia Nacional… y es donde empiezan los problemas, pues de hecho en el caso referido las detonaciones vinieron de esta fuerza federal con la que ya son recurrentes los abusos.
De hecho, ayer mismo se denunció en redes sociales una nueva agresión de elementos de la Guardia Nacional contra migrantes en plena zona centro de Silao. Al momento se tienen los testimonios de la agitación que ya provoca la intervención de los agentes federales en el tema migratorio. Un síntoma de una sociedad crispada por los abusos a los migrantes.
CONTRA RETRATO
Alfonso Borja Pimentel
Su regreso al Sistema Estatal DIF es el que más ha causado sensaciones negativas entre las organizaciones de la sociedad civil. No es para menos. Ya sean simpatías personales o políticas, fue omiso en un caso que provocó una sentida disculpa pública del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y que a estas altura se ha vuelto emblema de lo que no hay que permitir.
Alfonso Borja Pimentel fue el titular del DIF que consintió e incluso defendió al sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, fundador de los albergues infantiles Ciudad de los Niños en Irapuato y Salamanca, por el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió recomendaciones a los gobiernos de Guanajuato, Michoacán y Querétaro.
Es de recordar que el caso se reveló desde 2017 por qué el sacerdote presentó un amparo contra la salida de una menor de edad. La Jueza Karla Macías negó ese amparo, ofreció protección a las niñas y a los niños del albergue y ordenó una investigación profunda al encontrar patrones de diversos tipos de violencia.
El resultado de la investigación de la CNDH, ni más ni menos, encontró elementos para acreditar violaciones graves a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes atribuibles al DIF por la omisión de supervisar los albergues que derivó en actos de tortura contra 21 infantes y 10 adultas con discapacidad, además de violencia sexual y tratos crueles e inhumanos.
Para organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia y Uniendo Lazos por la Infancia en Latinoamérica, no hay duda de que Borja tuvo una responsabilidad en las omisiones además de encubrir irregularidades. Por lo que ahora regresa al DIF en condiciones completamente diferentes, empezando por las legales. Al tiempo.
