Jalisco y Guanajuato: ignominia compartida
1.- Jalisco y Guanajuato: ignominia compartida
Jalisco es la prueba irrefutable que aún con toda la infraestructura, el andamiaje legal, las entidades responsables y una apremiante crisis social, encontrar a las víctimas de desaparición sigue atado a la voluntad política de los gobernantes.
El estado vecino de occidente es por muchos motivos una referencia para Guanajuato. Actualmente es la entidad que lidera a nivel nacional tanto fosas clandestinas como personas desaparecidas, que por consiguiente ha motivado la conformación de decenas de colectivos de búsqueda.
La catarsis en Jalisco sobre este tema brotó mucho antes que en Guanajuato. A ello se deben los aparentes avances en la atención del problema. Sin embargo, la resistencia y la mezquindad política frente al impacto extendido de este delito persiste como si no existiera tal experiencia histórica.
El caso de Pablo Núñez, empresario desaparecido el 21 de octubre de 2021 en San Francisco del Rincón, es ejemplo directo del limbo en el que las fiscalías, tanto de Guanajuato como de Jalisco, arrojan estos casos donde los indicios para la búsqueda son interestatales.
El colectivo buscando a Pablitos denunció que el gobierno de Jalisco que encabeza Enrique Alfaro Ramírez, ha incumplido y hecho caso omiso de la Acción Urgente AU 1475/2022 que emitió el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación se solicitó la colaboración de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, DIII, sede Lagos de Moreno a cargo de Francisco Javier Becerra Bizarro, pero se ha negado en la práctica a realizar la búsqueda solicitada. Incluso la familia de Pablo ganó un amparo federal que ha sido ignorado.
Pero la razón para rechazar con el silencio el caso de ‘Pablito’, como es conocido entre familiares y amigos, esconde un motivo que dejaría en ese mismo limbo a una cantidad no calculada de víctimas desaparecidas en la región compartida entre Guanajuato y Jalisco.
Justamente el mes pasado, periodistas jaliscienses denunciaron la incongruencia y disparidad de cifras de personas desaparecidas, a través del Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID) pues este reconoce 13 mil 918 víctimas, mientras el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPDNO) llega a 15 mil 042.
Queda claro que el gobierno de Jalisco ya no quiere más desaparecidos, el problema es que no ataca el problema con búsqueda y reparación, sino rechazando casos por encima de fallos judiciales y llamados internacionales.
2.- PRI: violencia política a cuestas
Desde el inicio de la legislatura, quedó claro que el grupo parlamentario del PRI en el Congreso de Guanajuato no encontraría la concordia por razones de origen; sus integrantes llegaron a esas posiciones en medio de apuradas negociaciones políticas, propias de una coyuntura política.
La irapuatense Yulma Rocha Aguilar pinto su raya desde el inicio. Desde la incursión e imposición de su compañera Ruth Tiscareño Agoitia como dirigenta estatal, la sombría figura de Alejandro Arias Ávila como secretario general y el gris papel de Adolfo Alfaro Reyes, la experimentada diputada decidió hacer su cuento aparte.
De hecho no era la primera vez que Rocha Aguilar tomaba esa postura. En legislaturas anteriores fue siempre exigente para que los recursos de publicidad y ayuda social se repartieran de forma individual dentro de la bancada. Esa siempre fue su condición y la haría valer máxime en estos momentos en los que el PRI se mimetiza con el PAN.
Es ahora que el incumplimiento de esa exigencia se elevó con un componente de género.
La diputada priista presentó una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) por violencia política en contra de Arias Ávila como coordinador de la fracción luego de que este le retirara los apoyos administrativos y económicos para llevar a cabo su función legislativa.
Si fuese oportunismo político, la acusación no podría estar mejor calculada, pues el retiro de dichos recursos se dio en represalia por no seguir una supuesta directriz partidaria. Es decir, un mecanismo disciplinario de mediados siglo aplicado en pleno 2022.
Su acusación se refuerza con el veto aplicado por sus compañeros, incluso de las fotos institucionales.
La acusación se respalda en el ostracismo que pretende aplicarse a Yulma Rocha, quien no podría renunciar a su grupo parlamentario, pues ya no tendría acceso a las partidas presupuestales que reclama. Su condena es quedarse como tricolor y sus aún correligionarios lo saben.
Más allá de los nombres, estos conflictos intrapartidarios son muestra clara del decaimiento de un partido cuyos líderes actúan como si no estuvieran consientes de que se encuentra en una franca desaparición.
3.- Salamanca: alegatos ‘ambientales’
Tal parece que la visión burocratizada del cuidado al medio ambiente pretende imponerse en Salamanca. No por parte del presidente municipal Cesar Prieto Gallardo o del director de Medio Ambiente, Alberto de la Torre Gleason, sino por parte del Secretario de Ayuntamiento, Guillermo García Flores.
No sólo eso, el funcionario encargado de dar seguimiento y cumplimiento a los asuntos sometidos a consideración del cabildo, también se da el lujo de colocar a los activistas ambientales en la posición de opositores políticos sin dar lugar a sus demandas sobre el ecoparque.
No importa la crisis ambiental que han reconocido sus superiores, la atención de García Flores está en denostar las advertencias de un grupo ciudadano que exige la reconsideración del impacto que sufrirá este espacio natural, con las obras consideradas dentro de su perímetro.
No se midió. Incluso acusó que la Jueza que les concedió la suspensión provisional, lo hizo basándose en una mentira, pues los promoventes tienen una doble moral pues “por un lado pretenden evitar las mejoras que se realizan en el eco parque con argumentos falsos como una tala de árboles que no ha ocurrido”.
Según García Flores, el ciudadano Jorge Adrián Berlín Diosdado firmó el amparo y defiende el ecoparque mientras “promueve la devastación del Cerro de las Antenas y ahí nadie dice nada”, en una acusación que personaliza el conflicto sin reparar en las razones de fondo.
Con 800 árboles plantados, dice el secretario, el municipio ha cuidado más el área que los activistas.
Fue así que entre menciones de otras amenazas ambientales, el Secretario de Ayuntamiento de Salamanca, se sube a un ring que no le corresponde mientras esperan de antemano que el fallo judicial les sea favorable. Bonita manera de mezclar las grillas.
CONTRA RETRATO
David Martínez Mendizábal
Se encuentra en el periodo de su noviciado dentro de la política real. Sin embargo, la situación que atraviesa Morena, la escasez de perfiles, las divisiones y una larga lista de tribulaciones, lo han colocado como su líder en el Congreso de Guanajuato, cuando más se requiere de una oposición inteligente.
El académico e investigador social, David Martínez Mendizábal, fue designado como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, luego de una serie de escarceos que incluyeron ni más ni menos que a su dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo.
Se trata de una designación que dejo atrás las pretensiones del grupo afín al Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, que buscaba impulsar a Irma Leticia González Sánchez. La álgida coyuntura obligó a un acuerdo que al final benefició al único diputado no confrontado con sus compañeros.
Dentro de su desempeño legislativo, ni duda cabe que se ha ceñido a sus temas con una agenda primordialmente social. Sin embargo, su falta de oficio y conocimiento de la jerga legislativa, terminaron por colocarlo como blanco fácil del “chamaqueo” del PAN en tema sensibles como la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Su ímpetu para adoptar (apropiarse) de temas como estos, terminaron por servir de salvoconducto para dilatarlos.
Por ahora, su trayectoria política da un salto y lo obliga a pastorear una bancada de la que se esperó mucho como oposición, pero mucho más en sustancia frente a un partido hegemónico que tiene el dominio de las votaciones.
Queda por ahora la promesa de David Martínez para no aplicar cambios radicales y lograr el diálogo con las representaciones institucionales de Morena. A ver si es cierto.
JRP
