La Universidad de Guanajuato vuelve a atacar los Derechos Humanos
En otro artículo de opinión había comentado cómo el hecho de que diversos empleados de la Universidad de Guanajuato (UG), liderados por el ex rector Luis Felipe Guerrero Agripino, hayan ido físicamente a agredir a las instalaciones de un periódico (El Correo) por un supuesto derecho de réplica (cuestión que nunca debe de ser solicitada de esta manera impositiva), significaba un flagrante ataque a la libertad de prensa de los trabajadores y administrativos del mencionado periódico.
Ahora la Universidad de Guanajuato ha atacado otro derecho humano básico: ha atacado el derecho a la expresión y a la protesta. Y lo ha atacado de una forma sumamente grave. A saber, a través de su área Jurídica, la universidad demandó a siete de sus propios alumnos por haber participado en las protestas del 11 de septiembre de 2023. Lo que también es grave es que la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial al parecer también han arropado e impulsado la demanda de la Universidad de Guanajuato contra sus propios estudiantes, y no sólo ello, las autoridades guanajuatenses han ordenado que los alumnos sean investigados por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto (encargada de perseguir delitos fuertes como secuestros o violaciones; evidentemente, se planea hacer caer toda la fuerza de la ley a quienes simplemente ejercen la protesta).
La demanda mencionada es un hecho gravísimo y absurdo. Es gravísimo porque manda una señal inequívoca a sus estudiantes: no protesten porque si lo hacen serán demandados, hostigados, perseguidos, castigados, encarcelados. ¿Es justo que unos jóvenes sean perseguidos a través de todo el intimidatorio mecanismo del Poder Judicial del Estado por una simple protesta? ¿Se ha puesto a pensar, estimado lector, lo que significará el hostigamiento legal o policial del sistema jurídico mexicano en estos jóvenes?
Confianza entre los CEOs
Con esta demanda la Universidad de Guanajuato y sus nuevas autoridades han ganado en un repugnante propósito: intimidar sobremanera a todos sus estudiantes y a todos sus miembros. Lo anterior tiene una consecuencia también muy grave: los integrantes, empleados y estudiantes de la institución incurrirán en la autocensura y en la complicidad. Nadie o pocos, muy pocos, se atreverán a hablar sobre los viejos y nuevos casos de acoso sexual, nepotismo, corrupción, hostigamiento, etc., los cuales pululan en la institución. Nadie buscará que los culpables en este tipo de casos ocurridos dentro de la institución sean castigados.
Todo lo dicho es muy triste y lamentable; parece que, por cualquier medio posible, se eliminarán las posibilidades para la libertad de expresión y de libertad de protesta en la UG. Espero estar equivocado, pero asimismo parece que cada vez será más difícil recomponer a la desprestigiada Universidad de Guanajuato; con el miedo a que tu propia institución te demande penalmente será muy complicado que alguien señale en qué aspectos la institución es deficiente y quiénes son los responsables de tales deficiencias, asimismo se antoja más difícil que la comunidad estudiantil proteste para que se modifiquen esos aspectos deficientes o inmorales.
La demanda por parte de la Universidad de Guanajuato contra sus estudiantes conforma un hecho absurdo porque pocas veces, o ninguna, una universidad tiene el atrevimiento de demandar a sus propios alumnos. No me viene a la mente ningún caso en todo el país, ni fuera de él, en el que una universidad demande a sus estudiantes en curso; la UG se ha ganado las palmas mundiales en ejercer el abuso de poder. Por lo general se da el caso contrario, alumnos de todo el mundo suelen demandar legalmente a sus universidades por cientos de diferentes motivos (como, por ejemplo, el no haber respetado los protocolos ante casos de acoso sexual, lo cual ya es costumbre en la Universidad de Guanajuato) y en muchas ocasiones ganan sus demandas (y la UG también ha recibido múltiples demandas por parte de sus alumnos, sobre todo recientemente).
Pero la máxima casa de estudios del estado de Guanajuato no sólo se atrevió a demandar a sus propios alumnos, sino que tuvo la indecencia y la desvergüenza de demandarlos por simplemente realizar una protesta. Y también lo hizo de una forma traidora: las autoridades de la UG se habían comprometido por escrito a no tomar represalias contra los alumnos que habían protestado por la forma poco democrática en que había sido “electa” (o, más bien, designada) la nueva rectora Claudia Susana Gómez López. La Universidad de Guanajuato mintió y traicionó a sus alumnos y ahora los demandó judicialmente y, en caso de ganar, puede provocar que los estudiantes sean encarcelados al menos siete años.
La Universidad de Guanajuato no tiene vergüenza en ser ahora una institución impositiva que calla o intenta callar a quienes no concuerdan en sus formas, en sus acosos, en sus hostigamientos, en su ineptitud. La Universidad de Guanajuato parece estar convirtiéndose en una institución fascistoide en la que la fuerza y la intimidación, no el diálogo, serán sus formas de proceder. Es preocupante el crecimiento del autoritarismo en la UG y es preocupante que este autoritarismo pueda ser respaldado por el gobierno estatal, tanto por su poder judicial como por el ejecutivo. Entonces cabe preguntarse, ¿quiénes serán los próximos, entre los más de cien individuos que protestaron en septiembre de 2023, en ser demandados-perseguidos por la UG y/o los poderes fácticos del estado? Si la UG ya hasta se atrevió a demandar (por supuesto “daño moral”) al periódico más renombrado y de mayor circulación del estado, El correo, ¿cómo no demandar a unos jóvenes ciudadanos indefensos que sólo ejercían un derecho humano? Es evidente que la Universidad ya se hizo fan de vivir(se) en los juzgados (ante su palpable falta de argumentos) y esto es una dramática vía de proceder entendible cuando, probablemente, tienes al sistema judicial “de tu lado”.
Aquí es ya necesaria la intervención de organismos superiores, a nivel nacional o internacional, para que también secunden a los estudiantes ante este inaudito hecho: tenemos a una institución pública con un inmenso poder (coercitivo) a nivel regional, y en plausible contubernio con el poder judicial estatal (recordemos que el fiscal general del estado de Guanajuato Carlos Zamarripa es “muy cercano” al ex rector Guerrero Agripino quien a su vez instauró a la nueva rectora), demandando por vía legal a un grupo de jóvenes que quizá no tiene la posibilidad de afrontar exitosamente tal demanda por sí mismo. Ante esta situación, es deseable solicitar una revisión o audiencia del proceder de todas las autoridades de la institución inmiscuidas en la planificación y realización de la desvergonzada demanda judicial, incluyendo a la rectora (así como, y perdón por la irrazonable comparación, se auditó a las presidentas de las universidades de Harvard o de Pensilvania sobre su postura ante la violencia antisemita desatada recientemente en tales instituciones). Pero ¿quién realizará una audiencia-examinación a una institución que usa su autonomía como utilísima herramienta para su impunidad?
Los alumnos demandados, en una rueda de prensa del 24 de febrero, han señalado que tienen miedo, y con toda la razón. ¿Quién no tendría miedo ante la persecución contra ti realizada por el poder judicial de un estado mexicano? Ahora bien, esperemos que la sociedad civil, en especial abogados que quieran apoyar pro bono en este caso, ayude y defienda a los estudiantes que ahora enfrentan un proceso legal. Asimismo, algún día, se vale soñar, los alumnos y exalumnos nos aprestemos a demandar a las autoridades de la Universidad de Guanajuato por, como lo hicieron algunos ex alumnos de Harvard contra su alma mater, devaluar el prestigio de nuestros títulos al estar convirtiendo a nuestra (ex) casa de estudios en una institución violenta, intolerante y que vulnera a los derechos humanos.
Como lo referí en otro artículo de opinión, los únicos recursos que quedan para lidiar con la UG son las protestas (sin politización alguna), el paro y la difusión de la verdad sobre lo que sucede en tal institución. Pero ante el escabroso camino que han tomado muchos de los poderosos de la Universidad de Guanajuato y del Estado de Guanajuato, lo anterior se antoja extraordinariamente difícil. Ahora sí, a los siete alumnos que protestaron difundiendo la verdad sobre la imposición de la nueva rectora, sobre la opacidad y la corrupción de la institución, se les aplicó una nueva máxima orwelliana: “la verdad os hará presos”.
Francisco Miguel Ortiz-Delgado
Investigador posdoctoral
