Millonarios Patrocinios: ¿Promoción o Despilfarro?

1.- Millonarios Patrocinios: ¿Promoción o Despilfarro?

Durante cuatro años, el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo destinó más de 16 millones de pesos para posicionar la marca TV4 y la del Gobierno del Estado en un equipo de rally, justificando la inversión como una estrategia de difusión con impacto nacional e internacional. Sin embargo, la pregunta clave es: ¿realmente era este un gasto prioritario y beneficioso para la entidad?

Como ocurrió con el pago de 7.2 millones de pesos al Real Oviedo de España, propiedad de Grupo Pachuca, la justificación es la misma: el supuesto posicionamiento de marca, lo que lleva a cuestionar bajo qué criterios se mide la efectividad que sustente estas millonarias inversiones, así como sus beneficios reales para los guanajuatenses. La respuesta también parece ser la misma: meros intereses particulares.

Fue justo en el último año de gobierno de Rodríguez Vallejo cuando, a través de la unidad de televisión estatal, en ese momento a cargo de Juan Aguilera Cid, se destinaron 6.2 millones de pesos a la Escudería TV4, pese a que la presencia de la marca impresa en los autos quedaba cada vez más relegada. Al monto total erogado habría que sumar los gastos que implicaron las asistencias de algunos directivos de la televisora en competencias, lo que aún es desconocido. Un mal negocio para los guanajuatenses financiado con dinero público.

Aguilera Cid también buscó promover la marca a través de otros deportes, como el béisbol, pues incluso se le sumó el nombre de TV4 al Estadio Domingo Santana. Una relación comercial que más adelante le aseguró un buen espacio tras su salida de la administración estatal, al ser nombrado director del equipo.

La nueva administración, encabezada por Libia Dennise García Muñoz Ledo, ha decidido suspender este apoyo, argumentando que existen otras prioridades que atender, según reveló el actual director de TV4, Rafael Gutiérrez Mercadillo. Esta decisión es un reflejo de la necesidad de reorientar los recursos hacia iniciativas con un impacto social más directo y perceptible para la población.

En un estado con tantas necesidades en educación, salud y seguridad, resulta pertinente preguntarse si estos 16.1 millones de pesos podrían haber tenido una mayor utilidad en otras áreas. La decisión del nuevo gobierno parece enviar un mensaje claro: la televisora pública debe ser, ante todo, un medio para la ciudadanía y no una plataforma de promoción con costos millonarios y cuestionables resultados.

2.- Loma de Zempoala, clave en la desaparición de dos militares en Guanajuato

En distintos hechos, dos elementos del Ejército desaparecieron en el estado de Guanajuato el 15 de febrero. Se trata de Natalia Pelcastre Simón, de 22 años, vista por última vez en Salamanca, y del Capitán de Artillería, Julián Torres Manzanares, de 38 años, quien desapareció en la zona entre Villagrán y Salamanca.

Las investigaciones y trabajos de inteligencia identificaron que uno de los últimos lugares donde habrían estado los militares fue una zona cercana a Loma de Zempoala, en el municipio de Yuriria.

Ante esto, los operativos de búsqueda se intensificaron. Agentes federales y estatales se desplegaron en la comunidad desde el lunes y, durante varios días, mantuvieron presencia en la zona. Cabe destacar que en operativos previos ya se habían asegurado vehículos e indicios de actividad criminal. Sin embargo, la vigilancia de los grupos delincuenciales permitió que sus miembros lograran huir.

El jueves pasado, tras estos operativos, habitantes de la zona denunciaron presuntos abusos cometidos por agentes de seguridad federales y estatales, incluyendo hechos de tortura y robos. Hasta el momento, no se ha confirmado la presentación de alguna denuncia formal por estos casos.

Informes de inteligencia señalan que la comunidad de Loma de Zempoala es una zona con fuerte presencia criminal. No se descarta que las denuncias ciudadanas respondan a la movilización de “bases sociales” por parte de criminales con la intención de frenar los operativos. Una dinámica similar a la observada en Santa Rosa de Lima, donde tras cada intervención de las autoridades surgían reclamos sobre presuntos abusos.

A pesar de los operativos, hasta la fecha no se ha confirmado la localización de los dos elementos del Ejército.

2.- Estudiantes de la UG, obligados a pagar por hacer deporte

La rectora general de la Universidad de Guanajuato, Claudia Susana Gómez López, planteó en su Proyecto de Desarrollo aumentar de manera efectiva los ingresos propios de la institución. Sin embargo, no se esperaba que esto se lograra a través de nuevos cobros a los estudiantes, o “aranceles”, a pesar de que en 2025 el gobierno estatal otorgó a la universidad 200 millones de pesos más que en 2024.

A partir de este lunes, no solo los externos deberán pagar por ingresar a la Unidad Deportiva Nieto Piña y al Fórum UG, sino que también los estudiantes estarán sujetos a cobro. Para el uso de ciertos espacios, la tarifa podría llegar hasta los 250 pesos. La autorización para el uso de estas instalaciones dependerá de un análisis previo realizado por la Coordinación de Cultura Física y Deporte, que determinará el monto a pagar.

La implementación de estos cobros representa un retroceso para la máxima casa de estudios, especialmente en un momento en el que los esfuerzos tanto del sector público como de iniciativas ciudadanas buscan abrir estos espacios y fomentar el deporte. Más allá de la promoción de la actividad física, el acceso gratuito a estas instalaciones contribuye a la integración social y a la reconstrucción del tejido comunitario.

Como ha sucedido en otras ocasiones, los estudiantes quedaron fuera del proceso de decisión. Tampoco se tomará en cuenta su opinión para futuras “actualizaciones” o aumentos en las tarifas, ya que estos serán determinados por el Comité Universitario para la Actualización de Ingresos Propios en Materia de Espacios y Servicios Deportivos. Dicho comité estará integrado por la Dirección de Recursos Financieros, la Dirección de Infraestructura y Sustentabilidad Universitaria, la Dirección de Desarrollo Estudiantil y la Coordinación de Cultura Física y Deporte.

Los nuevos cobros han generado un fuerte descontento entre la comunidad estudiantil, que ha comenzado a manifestarse en redes sociales y prepara quejas formales para denunciar la posible violación de su derecho al acceso a la actividad física. No se descarta que en los próximos días los estudiantes organicen movilizaciones o incluso un paro en protesta por esta medida.

Contra Retrato

Juan Mauro González Martínez

La violencia homicida en el estado de Guanajuato sigue sin ceder y, por el contrario, vuelve a alcanzar niveles comparables con los años más sangrientos del estado, entre 2018 y 2020. La crisis de seguridad se mantiene y, en algunos aspectos, parece agravarse.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que, en enero, se registraron 361 homicidios dolosos, la cifra más alta en lo que va de la actual administración estatal. Del total de asesinatos, 241 fueron cometidos con armas de fuego, lo que representa un 66.7%, mientras que otros 12 se perpetraron con arma blanca.

Un dato preocupante es que 108 homicidios se cometieron con “otro elemento”, lo que equivale al 30% del total, una proporción inusualmente alta. En todo 2024, la proporción de homicidios en esta categoría fue de apenas 13.6%. Este incremento podría deberse a un cambio en los criterios de clasificación de la Fiscalía General del Estado, pero también sugiere que la dinámica de la violencia ha evolucionado, y no se limita únicamente a enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, sino que podría estar vinculada a otros factores y exponer una mayor descomposición social.

A pesar de los reportes diarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, encabezada por Juan Mauro González Martínez, sobre detenciones y aseguramientos de armas y drogas, los esfuerzos parecen insuficientes para contener la violencia, como lo reflejan los propios indicadores. Las autoridades insisten en que hay avances en la lucha contra la criminalidad, pero la realidad en las calles demuestra que la percepción de inseguridad sigue siendo alta y que los ciudadanos aún viven con miedo.

El crecimiento de los homicidios en los últimos meses expone que la estrategia de seguridad liderada por González Martínez, incluso con mayor coordinación entre los distintos niveles de gobierno, no está generando los resultados inmediatos que se esperaban. Si bien las acciones policiales han logrado detenciones importantes, la violencia sigue en ascenso, lo que pone en entredicho la efectividad de los operativos y la necesidad de replantear un enfoque que no solo atienda los síntomas, sino las causas profundas del problema.

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