FGE archiva 25 denuncias por presuntos actos de corrupción en Guanajuato, confirma ASEG
Guanajuato, Guanajuato.- El auditor superior del estado, Javier Pérez Salazar, informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) archivó 25 denuncias que se realizaron en el segundo semestre del 2022, por presuntos hechos de corrupción. Los cuales se detectaron en diversos actos de fiscalización y revisión de cuentas públicas de varios municipios de Guanajuato.
La diputada de Morena, Alma Alcaraz Hernández, calificó como lamentable que, aunque la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) no tiene facultades para la impugnación del archivo de las denuncias, sí tendría que darles seguimiento a los casos. Por lo que señaló que ambas autoridades contribuyen a un clima de corrupción en la entidad.
Denuncias por presuntos actos de corrupción abarcan 9 estados
Las denuncias se presentaron tras detectarse presuntos hechos delictivos en la revisión de la cuenta pública de los municipios San Luis de la Paz, Pueblo Nuevo, Santiago Maravatio, Jaral del Progreso, Pénjamo, San Felipe, Jerécuaro, respecto a los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, según correspondió.
Asimismo, se presentaron auditorías integrales en San Miguel de Allende y Tarimoro en el año 2015 y a la cuenta pública 2018 del Poder Ejecutivo respecto a dos programas. Uno un contrato de revistas de la Secretaría de Turismos y respecto al pago de pólizas de seguros de gastos médicos vigentes, por mencionar algunos de los actos de fiscalización.
Denuncias por presuntos actos de corrupción
La información se presentó tras una solicitud que hizo la legisladora morenista, Alma Alcaraz Hernández. En sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, Javier Pérez Salazar refirió que en virtud de que la ASEG no tiene la calidad de víctima, el Ministerio Público no le notifica los acuerdos de archivo. Por lo tanto, no tiene la facultad de impugnar dichos archivos.
“De entrada no me notifican el archivo, me dan información del status que guardan los expedientes. Pero no tengo el resolutivo de los archivos dado que no se le reconoce a la institución la calidad de parte en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece que solamente las víctimas u ofendidos tendrán acceso a esa resolución para poder impugnar los archivos de no ejercicio de la ley penal”, mencionó sobre las denuncias por presuntos actos de corrupción que archivó la FGE.
Urge reforma para que ASEG acceda a calidad de víctima
Por lo anterior y a pregunta expresa de Alma Alcaraz, Javier Pérez Salazar declaró que se tendría que realizar una reforma a la Ley de Víctimas para que se incluyera a la ASEG con esa calidad.
También admitió que la ASEG no da seguimiento al archivo, pues insistió en que no se cuenta con un documento que detalle, qué fue lo que pasó. Ya que por ley no tiene esas facultades.
“Habría que advertir la posibilidad de que se pudiera legitimar legalmente a alguna participación de la Auditoría Superior del Estado en los procesos. Con la finalidad de coadyuvar de mejor manera en estos procesos (…) Podría ser una salida, no soy legislador, tal vez ampliar el catálogo de víctimas en la ley del estado no sé si alcance eso o tendría que ser en la Ley General de Víctimas en la federal. De tal manera que, con esa calidad, el Ministerio Público nos tendría que notificar el archivo y nosotros tomar las acciones correspondientes a ello” aseveró el auditor superior del estado.
Denuncias por presuntos actos de corrupción
Más de 80 millones falta por recuperar
Al presentar su informe de actividades de 2022, Javier Pérez informó que, durante el año pasado, se recuperaron 28 millones de pesos durante el proceso de fiscalización. Detalló que de los 130 informes de resultados aprobados por el Congreso de Guanajuato se derivaron 575 observaciones.
De estos, 270 en materia de cuenta pública y 305 en obra pública. Lo que implicó un impacto económico de 81 millones de pesos, más los 28 millones que se recuperaron dentro del mismo proceso de revisión. Lo que significa que el año pasado hubo un impacto de 109 millones de pesos.
Respecto a las acciones de responsabilidad, informó que el año pasado tuvieron 806 expedientes acumulados. De los cuales se desplegaron mil 405 acciones, de estas fueron 629 inicios de investigación, 755 remisiones a órganos internos de control y a la Auditoría Superior de la Federación y se presentaron 21 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa por poco más de 1.5 millones de pesos.
Dijo que el programa de auditorías y fiscalización del 2022, se cumplió al 62%. No obstante, a este martes, se llegó al 85% de cumplimiento y la expectativa es que en marzo se alcance el 98% para que el programa de fiscalización 2023 se cumpla en los tiempos que establece la ley a partir de este año. Lo que representa la entrega de informes en septiembre, octubre y noviembre.
MJSP
