Crisis en el basurero

1.- Grupo Pachuca: el erario como trampolín

Retomando sus palabras, el presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez Patiño, está centrado en conseguir dinero para sus grandes proyectos futbolísticos, mientras su hermano Armando está al frente del Club Pachuca y su hijo, Jesús Martínez Murguía, a cargo del Club León; dos equipos íntimamente ligados a la relación con el poder político.

Es la plaza zapatera la que relució en los últimos días, a partir de la revelación de un desconocido préstamo del gobierno estatal para que adquiriera el viejo Estadio León. Un ‘apoyo’ que hace pensar en el cúmulo de beneficios que se le han concedido desde 2011, cuando adquirieron el equipo esmeralda.

De entrada, en 2012 firmó un contrato de arrendamiento para el uso del Estadio León, elaborado por el municipio entonces presidido por Ricardo Sheffield Padilla, en el que se le advertía de la puja legal por el inmueble pero también se le concedió un subsidio del 88 por ciento. Así que pagaba 13 mil pesos por el uso y disposición.

Otro beneficio se dio a través del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), que registró una deuda de 42 millones de pesos por descargas de agua del estadio de 10 años; le concedieron a Fuerza Deportiva del Club León –razón social del equipo en Grupo Pachuca- un descuento del 62 por ciento por lo que sólo pagaría 16 millones.

En 2018, en el punto culminante del juicio por la propiedad del viejo Estadio León, el gobierno que encabezó Miguel Márquez Márquez adquirió un terreno de 12 hectáreas por 280 millones de pesos, que seis meses después fue revendido a Grupo Pachuca exactamente en el mismo precio con el objetivo de que edificaran un nuevo estadio.

A la fecha no hay una sola piedra del nuevo inmueble, pero sí dos convenios modificatorios que le han permitido al Club León demorarse en la liquidación del predio, sumando apenas 146 millones de pesos, el 52 por ciento del compromiso. Rezago que les fue justificado con la emergencia sanitaria del Covid.

En 2021, con la propiedad del viejo estadio asignada a Roberto Zermeño como supuesto presidente del Club Social y Deportivo León, Grupo Pachuca conformó la empresa Fiera Capital, que se encargó de comprar el inmueble en 410 millones de pesos que –ahora se sabe- derivaron de un préstamo proveniente de las arcas estatales.

Aún es una incógnita por qué se realizó esa operación de forma subrepticia, pese a que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo la confirmó como un apoyo postpandemia. Aún se desconocen montos, plazos, tasas y facultad legal para concederlo.

Si el movimiento es legal, no se entiende la discrecionalidad que incluso llevó a omitir el dato del titular de la cuenta bancaria Banorte, que emitió los cheques de 374 y 36 millones de pesos con los que se liquidó el estadio. Omisión que por cierto violaría un requisito legal.

 

 

2.- Una corta reforma a la ley de búsqueda

Justo cuando saltó a la agenda pública nacional el trágico asesinato de la buscadora celayense Teresa Magueyal, la mayoría panista de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables rechazó los aspectos en la reforma a la Ley de Búsqueda que comprometiera a la Fiscalía General del Estado de Carlos Zamarripa Aguirre.

La reforma a la Ley para la Búsqueda de Personas del Estado de Guanajuato fue acuñada por colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos desde mediados del año pasado, bajo el instrumento político de la agenda común que pretendía comprometer a todas las fuerzas políticas, pero que en los hechos fue usado para retardarla.

Ya prácticamente con un año a cuestas, más de 3 mil 200 desaparecidos y una evidente crisis forense, la propuesta de reforma que contiene los ajustes que en la práctica demostraron ser necesarios, finalmente fue suscrita ayer por la comisión para que finalmente la Junta de Gobierno acuerde su presentación ante el pleno.

Entre lo más destacado, se incluyó la homologación de protocolos para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes que habían quedado de lado en el tratamiento específico de los casos.

Por otro lado, las panistas Katya Soto y Melanie Murillo, lograron dejar fuera obligaciones elementales en la función de la FGE, como el análisis de contexto de las desapariciones que en los hechos ha quedado como una omisión replicada por la Comisión Estatal de Búsqueda a cargo de Héctor Díaz Ezquerra.

Otros grandes faltantes es la restitución digna de los cuerpos, aún cuando siguen presentándose casos de doble desaparición; la primera cuando la víctima es sustraída y la segunda cuando la FGE la identifica meses después de haber sido internada en su sistema forense.

Vasos medio llenos o medio vacíos, el presidente de la comisión, el morenista David Martínez Mendizábal, calificó como restringida la concepción de los derechos humanos en el PAN. Una elegante forma de calificar el sesgo causado por una consigna de defensa ultranza de la fiscalía de Zamarripa entre los diputados del PAN.

 

 

3.- Crisis en el basurero

No se trata de un hecho que deba ser pasado como un incidente excepcional. El incendio en el basurero –que no relleno sanitario- de Guanajuato capital, debe preocupar y ocupar a todos los municipios del estado cuya condiciones de confinamiento de residuos sólidos se mantienen fuera de la norma.

El desorden, las omisiones, el nulo tratamiento profesional de la basura, tiene en jaque al menos a 40 de los 46 municipios que ya han recibido llamados de atención tanto de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT), a cargo de Gerardo Morales Moncada, y de la Secretaría de Medio Ambiente encabezada por María Isabel Ortiz.

Al cierre de esta columna, el incendio en el basurero de Guanajuato capital sumaría 40 horas activo, dejando expuesta la contaminación que de la tierra escaló al aire desde los terrenos que apenas hace dos meses se advirtieron como inadecuados al ubicarse en un punto alto inadecuado y fuera de la norma 083.

No es un tema nuevo. Desde hace más de cuatro trienios, la recolección y disposición de la basura en Guanajuato capital avizoraba signos de crisis, que hacían precisa la toma de decisiones en el gobierno de Alejandro Navarro Saldaña, quien en cuatro años y medio mantiene el asunto sin resolver.

Correo informó en su momento un dato demoledor para una ciudad que se precia de ser una eminente ciudad turística: es el cuarto municipio peor calificado en la recolección de basura con un 6.98 asignado por su propia población, la misma que hoy ha visto perturbada su vida diaria por una descomunal columna de humo.

Si bien la búsqueda de culpables de este incendio puede dejarse de lado, lo preciso es establecer a los responsables que por ahora se enfocan en darle toque de heroicidad a la mitigación de un incendio que se pudo haber evitado.

 

 

CONTRA RETRATO

Miguel Salim Alle

Desde la parte legislativa, acuñó la agenda de la reforma al notariado convencido de que se requiere endurecer los castigos contra los fedatarios públicos que violen la ética y con ello, abran la puerta a verdaderos actos criminales.

El diputado local del PAN, Miguel Salim Alle, no ha quitado el dedo del renglón para preparar un paquete de reformas que redimensionen la gravedad de las faltas cometidas por los notarios que, hasta ahora, gozan de una complacencia legal que les ha permitido incluso, la reincidencia.

La postura de Salim Alle incluso evidencia la insuficiencia de las últimas reformas aplicadas en la materia, pues estas se han centrado en el proceso general para la asignación de notarías, apelando a una renovación tranquila del sistema dejando de lado la persecución de los agravios.

Es por lo anterior que el legislador prepara reformas en dos vías, una centrada en la Ley de Notariado y la otra que consigne las faltas en el Código Penal, pues procesos como el retiro del Fiat, además de no aplicarse en la mayoría de los casos como castigo máximo, no ha sido suficiente para inhibir las anomalías.

Además, Miguel Salim ya ha advertido la acumulación de denuncias en casos concretos que se encuentran vigentes y aún en proceso. Afectados y víctimas de instrumentos mal aplicados, falsificados o mal versados, ya se encuentran dando la pelea pública y legal.

Así que se espera que el paquete de reformas quede listo en el siguiente periodo legislativo, producto no sólo del ímpetu de un diputado, sino del consenso que derive del análisis realista del estado actual de las cosas con el sistema notarial de Guanajuato.