Libia vs la IP: el choque entre las contradicciones

1.- Libia vs la IP: el choque entre las contradicciones

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo apeló ayer a la confrontación directa con los empresarios y organizaciones. Sin titubear, repasó el cúmulo de fallas en la operación del Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato (Fidesseg)

Se trata de errores, aberraciones o mal interpretaciones que al final no son parte de un vulgar agandalle, sino de conceptos, órganos y procedimientos que en su momento el propio gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo instaló como parte de aquel acuerdo de 2019 con el sector empresarial. El mal diseño del Fidesseg, en todo caso, vino del propio Poder Ejecutivo.

Es precisamente por la condición anterior que las decisión de Libia de corregir de golpe y porrazo un esquema extragubernamental del que fluyeron los recursos pero con un camino alterno al ya legal y establecido. No se le puede culpar por eso, pero sí por las contradicciones en que ha incurrido a lo largo del tratamiento del tema.

El modelo con el que operaba el no era transparente ni lograba los objetivos sociales para lo que estaba planteado. Así lo evidenció la propia gobernadora en su segunda transmisión semanal, en la que estuvo acompañada de la Secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona, con quien ratificó la intención de crear la Subsecretaría de Fortalecimiento a las OSC que corregiría las fallas.

Por supuesto, este pronunciamiento se da luego de la manifestación que líderes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) encabezaron junto a representantes de organizaciones de sociedad civil, para exigir que no cambie el esquema con el que mantenían las directrices de los apoyos a través de dos asociaciones.

Al respecto, Libia Dennise advirtió que del total de recursos destinados a las organizaciones, solo llegaba un 45 por ciento a los beneficiarios, lo demás se quedaba en gastos indirectos y de operación de las fundaciones es decir, gasto corriente. Un esquema que, al final, fue permitido por el diseño en el funcionamiento del fideicomiso ideado por el Secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda.

Por eso hacen ruido las medidas de la gobernadora, pues critica un esquema que fue instrumentado por el tesorero que ella misma ratificó.

No se puede discutir la necesidad de extender los apoyos a las más de 1 mil 200 organizaciones de la sociedad civil, ante las 287 que hoy participan por los apoyos y las 147 que han sido beneficiadas. El problema es que la corrección llega cuando la IP se vio empoderada por el esquema ideado por Rodríguez Vallejo y Salgado Banda.

Entre líneas están las irregularidades cometidas y mantenidas en impunidad, un tema de fondo que es apenas tocado mientras los empresarios defienden sus canonjías y el gobierno la corrección de los acuerdos del pasado.

2.- Gabriel Cortés: contratos explicados y no explicados

Desde la vocería de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) han reaccionado al comentario editorial que se hizo en este espacio sobre la revelación de contrataciones que se habría realizado sus titular Gabriel Cortés, como director del Hospital Regional del ISSSTE en León

Afirmaron que la nota publicada en el sitio web de Proceso firmada por el periodista Arturo Rodríguez García, precisaron que la licitación a la que hace referencia la nota, se dio entre los meses de noviembre y diciembre del año 2022, es decir tres meses antes de que Gabriel Cortés ingresara.

Al referirse sobre la otra serie de contrataciones que sí se realizaron en su gestión sostuvieron que “de acuerdo con el actual Secretario de Salud de Guanajuato, todos los contratos que se realizaron tanto en 2023 y 2024, se hicieron en apego a lo que señalan y rigen las leyes de transparencia y rendición de cuentas y registros de proveedores vigentes.

“De igual forma el Secretario de Salud presentó ante las autoridades competentes su declaración patrimonial en tiempo y forma dando cuenta de ingresos, propiedades, adeudos y demás, como lo marcan las leyes”, indicaron.

Al respecto no nos queda más que reiterar nuestra lectura sobre la difusión de esta información, los rumores que se han desatado sobre la posible entrega del sistema estatal de salud al IMSS Bienestar, así como la ambigüedad para rechazar o admitir esta intención. Las presiones de un lado y otro están a la orden del día por lo que las indefiniciones no ayudan en nada.

3.- ¿Quién detiene el dispendio en los municipios?

Lo que ocurre con los fondos públicos en los municipios parece ser terreno sin ley. Los alcaldes salientes parecen haber encontrado la forma ideal para sacar ventaja de la finalización de su trienio, sin que nadie ni nada los detenga. Es su última expresión de poder llevada a cabo para fines personales u objetivos mal sanos.

Los casos llegan por racimo y esta vez de forma muy específica desde la región Laja Bajío. Un primer ejemplo es el caso de Celaya, donde el exalcalde Javier Mendoza Márquez se autorizó cinco camionetas blindadas para diferentes familiares, con sus respectivos escoltas. Una protección policiaca que ignora completamente a su sucesor Juan Miguel Ramírez pese al proceso de transición.

En Cortazar, Mauricio Estefanía Torres denunció que su antecesor, el panista Ariel Corona, vendió terrenos que eran áreas de donación a particulares casi al final de su gestión, lo cual es una clara falta administrativa que debe ser corregida al tratarse de espacios que debieran ser de beneficio de la población residente de la zona, pues no son negociables.

Cinthia Teniente en Villagrán se llevó un chasco al verse sin recursos, por lo menos, para liquidar a la gente que se va de la administración, de hecho, en el Ayuntamiento acordaron que se donará parte de su sueldo para pagar finiquitos, además de que la administración que encabezó Juan Lara los dejó hasta sin computadoras.

En Salvatierra la cosa no está mejor, pues Germán Martínez Vega se fue dejando una deuda de hasta 14 millones de pesos, que incomprensiblemente se gastó en su último informe de gobierno. Se fue y dejó las cuentas por pagar al gobierno de Jose Daniel Sámano, que ya se truena los dedos ante el asedio de los acreedores.

CONTRA RETRATO

Jorge Jimenez Lona

Si hubo dos atributos que le distinguieron para ser reclutado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, esos fueron su conocimiento de la ley tras su paso como coordinador de asesores de los diputados del PAN y su oficio como mediador mostrado como Secretario del Ayuntamiento y alcalde interino de León. Hoy, más que nunca, son características vitales en el gabinete estatal.

Jorge Jimenez Lona prácticamente recibió en herencia los temas que la gobernadora dejó en agenda siendo secretaria de gobierno. Un seguimiento nada fácil al tratarse en su mayoría de la administración de pendientes que fundamentalmente se concentran en las víctimas de la violencia en Guanajuato.

De lo anterior se derivó el tema de los centros de rehabilitación que quizá no tenía un lugar prioritario, pero la última masacre ocurrida en Salamanca detonó en urgencia.

Pero el otro asunto fundamental es el de la desaparición de personas que es todo un tema de agenda permanente. De ahí se rescató la garantía que le expresó a los colectivos de búsqueda para que el memorial de víctimas en el sitio del Barrio de San Juan en Salvatierra, donde fueron ubicados más de 80 cuerpos inhumados en fosas clandestinas.

De hecho, concretó la reunión que hoy Libai Dennise tendrá con buscadoras del estado donde abordará este tema que, desde hace cuatro años, es perseguido por buscadoras y defensores de derechos humanos que han visto incrédulos como el gobierno -hasta ahora- se decía impedido para comprar el predio en cuestión, debido a su “increíble” costo: 600 mil pesos.

Así que en administración de la tragedia, la gobernadora parece haber acertado con un secretario de gobierno que se sabe obligado a desplegar el mayor oficio posible en los temas más álgidos que puede haber en la administración estatal.