¿Combatir la corrupción desde la corrupción?
1. ¿Combatir la corrupción desde la corrupción?
En el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción se sobrepasa el límite de los absurdos. Giovanni Appendini Andrade es su nuevo presidente, pero no debería ni siquiera formar parte de este organismo como integrante.
En 2021, fue el peor calificado entre los aspirantes, con una puntuación de 6.9, muy lejos del mejor evaluado, que obtuvo 37.2 puntos. Eso no evitó que él fuera el elegido, lo que dejó un fuerte tufo a irregularidad. Parece que la Comisión de Selección tomó en cuenta, entre los criterios de evaluación, el apellido paterno que deja entrever de dónde vienen sus influencias.
En su entrevista en 2021, Appendini Andrade presentó como una de sus propuestas inmediatas que las recomendaciones del Comité fueran vinculantes, algo que, hasta el momento, no ha sucedido y siguen siendo solo llamados a misa. A largo plazo, propuso mayor “vinculación entre el gobierno y la ciudadanía”, palabras que, como en este caso, pueden significar mucho o nada.
Como consigna hoy en Periódico Correo, el organismo que se presenta como ciudadano cuenta entre sus integrantes con perfiles cuestionables. Un ejemplo es Juana López Ayala, quien dejó la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para integrarse al CPC, duplicando así sus percepciones mensuales. Con el antecedente de una demanda laboral, intentó regresar y participar por la titularidad de la ASEG, aunque sin éxito.
Otros miembros, como el recién nombrado Ramiro Daniel Sánchez Gayosso, dejan ver un desinterés tan básico como el hecho de que en la pasada sesión del 4 de noviembre del CPC se conectó desde su vehículo.
El Comité tiene entre sus atribuciones el elaborar y proponer políticas anticorrupción, pero la mirada debería también dirigirse hacia su propia constitución y hacia la efectividad de su trabajo en la reducción o combate de la corrupción. Si no se hace así, se convierte en una suerte de simulación que cuesta a los guanajuatenses 5.8 millones de pesos al año.
Aunque algunos, como el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, sugieren que las críticas podrían deberse a la falta de información sobre el trabajo del Comité, es desde su propia constitución que se ve empañado su objetivo. Esto lo convierte en una instancia cómoda para el gobierno y cerrada a los ciudadanos a quienes debería servir, pues desde hace años han renunciado a apoyar en los procedimientos de denuncia ante la Fiscalía General del Estado, a pesar de que el Poder Judicial de la Federación les aclaró esa facultad.
2. Direcciones de la Diversidad, aún pendientes
Los 46 municipios de Guanajuato deben contar, por ley, con una unidad administrativa para atender a la población de la diversidad sexual y de género. Hasta ahora, solo tres municipios han nombrado a sus titulares: Adalberto Aranda Frausto en Purísima del Rincón, Antonio Mejía en Tierra Blanca y Juana Edith Torres en San Francisco del Rincón.
A finales de año, es poco probable que todos los municipios hayan nombrado a su titular. Esta meta la considera poco realista el subsecretario de la Diversidad Sexual y de Género, Ricardo García Frausto. Reconoce que, si bien hay municipios como Dolores Hidalgo, Guanajuato y San Luis de la Paz que ya muestran avances importantes, hay otros que requieren un acompañamiento paso a paso.
En estos días se oficializará el acercamiento con los gobiernos de León y Celaya. En el caso de León, ya se tiene un titular, pero será la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, quien lo anuncie.
“Mi postura es inamovible”, asegura el subsecretario respecto a su negativa a que personas que no se autoidentifican como parte de la diversidad sexual encabecen las unidades administrativas. Asegura que se trata de una acción afirmativa, aunque, claro, cada municipio podrá elegir de manera independiente. Ya veremos si nos llevamos alguna sorpresa.
Han pasado 46 días desde que inició el gobierno estatal y la Subsecretaría de Diversidad Sexual y de Género solo opera con Ricardo García Frausto como único funcionario, aunque con el apoyo de colectivos en varios puntos de Guanajuato. Finalmente, ya se autorizaron las plazas para su staff: serán un total de 16 puestos, distribuidos entre su equipo y dos direcciones. La primera es la Dirección de Atención Ciudadana y Orientación Social, y la segunda, la Dirección de Proyectos de Sensibilización y Política Pública. Ambas contarán con cinco funcionarios cada una.
La Subsecretaría de la Diversidad Sexual y de Género está en proceso de integración, y aún habrá que esperar para su consolidación.
3. La regionalización de la violencia: Guanajuato y Querétaro
En Guanajuato no somos ajenos a la masacre ocurrida este fin de semana en Querétaro, que dejó 10 muertos y siete heridos. Hechos similares en nuestra entidad han dejado decenas de muertos y escenas de terror.
La operatividad criminal no se limita a los límites entre municipios o estados, como sí lo hace el gobierno. El reciente hecho ya está relacionado con la pugna entre el cártel originario de Guanajuato y el grupo criminal de Jalisco. Desde hace semanas, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, advertía que varios hechos de alto impacto estaban relacionados con nuestra entidad, dado el origen de varias víctimas de homicidio y las investigaciones en curso contra algunas de ellas.
A raíz de la masacre, se desplegaron retenes en las carreteras de acceso a la ciudad, pero ¿será suficiente con estas medidas, tanto del lado de Querétaro como del de Guanajuato? Es urgente plantear la necesidad de estrategias regionales para combatir estas estructuras criminales. Aunque en el discurso suena bien, hasta ahora se han visto pocas acciones concretas y resultados.
Lo más cercano, hasta no ver su efectividad, es el despliegue de elementos estatales y federales en las carreteras, así como el monitoreo en los accesos desde los estados colindantes. Si la coordinación entre municipios o con el gobierno estatal deja deficiencias en el intercambio de información, el reto es aún mayor entre estados, que, de a poco se hermanan por la violencia.
Contra Retrato
Cristina Villaseñor Aguilar
Un reto mayúsculo será para la secretaria de Economía del Estado de Guanajuato alcanzar la meta sexenal de 8 mil millones de dólares en inversión extranjera.
El panorama es complicado, no solo por la violencia en el estado, que representa un foco rojo para los inversionistas, sino también por un factor adicional: la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y sus políticas proteccionistas.
La primera alerta es la amenaza de aranceles elevados a los autos chinos exportados desde México, como medida para proteger la industria automotriz en ese país. La relación de Guanajuato con China ha ido creciendo en los últimos años. De los 10 mil millones de dólares en inversión del sexenio pasado, al menos el 30% provino de empresas chinas, según lo señaló el exsecretario de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato, Ramón Alfaro, antes de dejar el cargo.
También entra en análisis el perfil de las empresas que llegan al estado, y si sus garantías laborales coinciden con la visión defendida por la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, de que la bonanza económica que trae la llegada de empresas se refleje también en una mejora en la calidad de vida de los guanajuatenses.
