Deterioro en penales, una de las herencias de Cabeza de Vaca

1.- Deterioro en penales, una de las herencias de Cabeza de Vaca

La Dirección General del Sistema Penitenciario del Estado de Guanajuato informó que durante 2024 no se tenía registro de aseguramientos de armas, droga o productos prohibidos para los reclusos. Así se sostuvo en respuesta a una solicitud de información vía transparencia.

Sin embargo, hay datos públicos que contradicen esta versión. Por ejemplo, en noviembre de 2024 se detuvo a una mujer que intentó ingresar droga oculta en chorizos, por lo que fue puesta a disposición. Este hecho enciende alertas sobre la veracidad de la información proporcionada por la dependencia de seguridad.

En todo caso, más revelador es lo informado por la Secretaría de Seguridad Pública y Paz sobre aseguramientos en enero de este año: 56 gramos de cristal en el penal de Irapuato; 720.6 gramos de cristal y marihuana en el de León; 42 gramos de las mismas drogas en el femenil de Valle de Santiago y 136 gramos, además de seis pastillas psicotrópicas, en el varonil. También se incautaron armas blancas y celulares. Estos hallazgos no solo ocurrieron en las aduanas de ingreso, sino dentro de los penales, lo que evidencia que estos objetos entran ya sea de manera oculta o con la complicidad de funcionarios.

El caso más alarmante es el del Cereso de Valle de Santiago. En el área femenil, se aseguraron 42 gramos de cristal y marihuana a una reclusa. En la varonil, el hallazgo fue aún más grave: 20 objetos punzocortantes, 11 envoltorios de droga, 58,800 pesos y cinco celulares. La cantidad de dinero y equipo de telefonía sugiere una estructura delictiva operando dentro del penal, algo que difícilmente podría ocurrir sin colusión de autoridades.

El Cereso de Valle de Santiago ha sido uno de los peor evaluados en Guanajuato por organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El Diagnóstico Nacional de Centros Penitenciarios 2023 evidenció insuficiencia de personal de seguridad y fallas en la aplicación de sanciones disciplinarias, lo que debilita la gobernabilidad. En 2024, esta cárcel ya no fue considerada en el informe, dejando en la incertidumbre si hubo mejoras o un deterioro mayor, aunque los hechos recientes parecen dar la respuesta.

El gobierno estatal está consciente de las deficiencias en algunos de los penales de Guanajuato y de su agravamiento. Por ello, una de las primeras acciones fue la renovación de la dirección penitenciaria para evitar que estos centros se conviertan en “escuelas del crimen” y mejorar el trato a los internos. Prueba de ello es que, días después del inicio de la administración y con Alvar Cabeza de Vaca Appendini fuera, se confirmó la salida de su cercano colaborador Juan José González González, conocido como “JJ”, quien dirigía el sistema penitenciario desde 2020. En su lugar, fue nombrado Julio César Pérez Ramírez.

El aumento de la ingobernabilidad en las cárceles de Guanajuato es, en gran medida, una herencia del gobierno anterior, especialmente de la gestión de Cabeza de Vaca Appendini. Sin embargo, la responsabilidad ahora recae en Juan Mauro González Martínez, quien tiene el reto de desmantelar el tráfico de drogas y frenar las actividades ilícitas dentro de los penales.

2.- Nuevo Comienzo y Nuevo Replaqueo

Como es costumbre en las administraciones estatales de Guanajuato, el gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo también buscará dejar su sello en las placas. Para ello, está en curso una licitación para la adquisición de más de medio millón de placas y tarjetas de circulación.

La Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-002-25 (CAGEG-002/2025) contempla la compra de 100 mil placas para automóviles particulares, 130 mil para motocicletas y 306 mil tarjetas de circulación. El fallo se dará el 19 de febrero y la entrega se realizará en dos partes: el 10 de marzo y el 10 de abril. Según la descripción, el diseño será similar al actual, pero con el escudo del gobierno estatal y la leyenda “Gobierno de la Gente”, con colores azul, blanco y gris.

A pesar de que la compra está en marcha, el gobierno estatal no ha informado sobre un nuevo replaqueo, dejando claro que la decisión ya está tomada y solo falta el anuncio oficial.

Cabe recordar que en 2020 se llevó a cabo una campaña de replaqueo gratuita hasta el 31 de diciembre de ese año. En esa ocasión, se argumentó la necesidad de actualizar el padrón vehicular y mejorar el control. El exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo también justificó la medida como una herramienta de identificación ante delitos.

Ahora, la pregunta es: ¿qué argumento presentará la actual administración? El replaqueo inminente genera suspicacias sobre si la verdadera intención es la recaudación o si, una vez más, se recurrirá a la narrativa de la seguridad como justificación.

Por cierto, resulta llamativo que la compra contemple 130 mil placas para motocicletas, más que las destinadas a automóviles particulares. Al cierre de 2024, el padrón vehicular registraba 618 mil 077 motocicletas, casi el doble que en 2018, al inicio de la administración anterior, lo que obliga a plantear nuevas formas de responder a la movilidad en el estado.

3.- Diputada Luz Itzel Mendo: ¿Desinformación o alineación política?

El pasado 5 de febrero, la diputada del Partido Verde, Luz Itzel Mendo González, votó a favor de exhortar a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para que entregue el sistema de salud al gobierno federal. La legisladora justificó su voto argumentando que tenía conocimiento de que en el Caises de Apaseo el Alto no se contaba con los medicamentos suficientes.

Desde la Secretaría de Salud de Guanajuato no hubo ningún posicionamiento oficial al respecto. Sin embargo, esta columna tuvo acceso al inventario del Caises en Apaseo el Alto, el cual reporta un abasto total. De acuerdo con la base de datos, hay más de 10 mil piezas de medicamento, no solo para atención básica, sino también para tratamientos especializados, incluyendo insulina, clonazepam y risperidona. Fuentes dentro de la dependencia de salud reconocieron que en diciembre hubo algunas carencias, pero afirmaron que ya fueron solventadas y que la atención está garantizada.

Si tomamos como cierta la argumentación de la diputada, es evidente que no contaba con toda la información. De haber realizado un análisis más profundo, habría considerado que el sistema de salud federal enfrenta una crisis grave, con hospitales operando a menos del 50% de su capacidad, dejando a pacientes –incluso con enfermedades como el cáncer– sin acceso a tratamientos. Entonces, ¿su postura fue realmente una defensa de la salud pública o simplemente una estrategia política?

Cabe preguntarse si su voto obedeció a una convicción legítima o si, por el contrario, buscó congraciarse con Morena, especialmente después de que el secretario de ese partido, Jesús Ramírez Garibay, la señalara un día antes por su cercanía con los panistas en el Congreso del Estado. ¿Fue un acto de principios o un intento de alinearse para evitar críticas internas?

Contra Retrato

Mario Méndez Manrique

En noviembre de 2021, asumió como director del Instituto Cultural de León. Para el 11 de octubre de 2022, anunció su salida a través de WhatsApp. Se fue en medio de acusaciones de hostigamiento laboral, principalmente por parte de una colaboradora a quien despidió y que ocupaba la dirección de Administración y Finanzas del ICL.

Sí hubo violencia laboral contra la exfuncionaria. Así lo resolvió la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato en el expediente 1008/2022.

“La alejaba o, siendo ella la directa, la brincaba porque les hablaba a otras personas en lugar de a ella. Recuerdo que cuando fue la feria del libro no nos quiso dar los días que siempre nos correspondían de descanso, solo porque él quiso. A raíz de eso, tuvieron una junta […] el licenciado Méndez la trató muy grosero en esa junta y le dijo que no confiaba en ella”, narró un testigo.

Previo a su salida del ICL, Méndez Manrique acusó a la colaboradora de la presunta asignación irregular de cinco contratos por un monto de 942 mil 274 pesos. Este señalamiento ocurrió después de que se presentara la queja contra él por hostigamiento laboral. Esta parte del conflicto también se incluyó en la investigación de la PRODHEG, donde Méndez Manrique reconoció que él aprobó y realizó los pagos a proveedores, aunque aseguró que fue un acuerdo con la quejosa. Esto es clave, pues en un inicio se acusó a la exfuncionaria de haber hecho los pagos sin consentimiento.

El gobierno municipal sigue sin dar una respuesta sobre si la asignación de recursos fue realmente irregular o si se trató de una represalia contra la funcionaria por denunciar el hostigamiento. Desde el ICL se confirmó que la investigación sigue abierta en la Contraloría, sí, a más de 2 años.


 

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