FGE: limbo a los 'desaparecidos' fallecidos
1. FGE: limbo a los 'desaparecidos' fallecidos
La Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre, no para de usar tapetes para esconder el polvo. Los homicidios que derivan de casos de personas desaparecidas, sobre todo aquellas que son encontradas en fosas e inhumaciones clandestinas, se quedan en un limbo legal que se administra con tecnicismos.
De entrada, hay que ubicar el panorama. La estimación general de personas desaparecidas en Guanajuato, retomando datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y de la FGE, es de 3 mil 815 víctimas con corte al 22 de septiembre.
Tras solicitar vía transparencia a la FGE el dato que corresponde de 2012 a la fecha. La información oficial indica que se tiene registro oficial de 3 mil 669 personas desaparecidas. A la cifra anterior, se suman casos anteriores a 2012 de los que se da cuenta en el RNPDNO. Se trata de 166 casos reportados de larga data.
En contraste, hay 847 cuerpos no Identificados en el panteón forense con corte al 18 de septiembre y 825 en fosas comunes municipales, es decir, 1 mil 672 cuerpos no identificados en la entidad. En el panteón forense, de un total de 950 cuerpos en poder de FGE, hay también 103 cuerpos que han sido identificados, pero no reclamados
Por eso, aunque los indicadores oficiales muestran una ligera disminución en los homicidios dolosos en Guanajuato, en realidad todo indica que las decenas de cuerpos exhumados de fosas clandestinas no llegan al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El rescate de los casos que Correo ofrece, son testimonios fieles de los hallazgos que no se sumaron ni a la estadística oficial de homicidios pese a los indicios de violencia que presentaron. Casos como los de Barrio de San Juan en Salvatierra, Cerro Prieto en Moroleón, que sumaron al menos alrededor de 120 víctimas inhumadas, no tiene una representación en los registros oficiales.
Vaya, ni siquiera hay congruencia con la base de datos pública de la FGE, que de forma arbitraria solo contiene casos de 2019 a la fecha con apenas 33 fosas clandestinas en once municipios de Guanajuato, en las cuales se exhumaron 470 cuerpos de los cuales 50 sigue sin conocerse su identidad, según los reportes de la FGE.
Al parecer, la apuesta de la fiscalía de Zamarripa es por la confusión, los recovecos de las oleadas de violencia.
2. Reforma laboral: presiones y advertencias
El debate por la reducción de horas, incremento del aguinaldo entre otras prestaciones, llegan en el preciso momento en el que diversos sectores industriales aún no descifran la clave de una nueva oferta laboral en Guanajuato, pues aún existen sectores como el de la construcción con vacantes.
El propio Secretario de Desarrollo Económico, Ramón Alfaro Gómez, admitió las complejidades que ya atraviesan los sectores empresariales para sumarle ahora el de la reforma laboral. El funcionario estatal se ha pronunciado por seguir la postura del CCE y Coparmex de que sea gradual y progresiva la aplicación. Sin embargo, parece que todo irá en otro sentido.
El pasado 18 de octubre durante el primer foro del Parlamento Abierto sobre la reforma para reducir a 40 horas la jornada laboral semanal, la magistrada María del Rosario Jiménez y el magistrado Héctor Arturo Mercado encabezaron la defensa de este cambio constitucional y planteó la disminución de jornada en el plazo de un año.
Evidentemente no es un tema nuevo en manos de Morena. Se trata de pendientes no armonizados a los estándares internacionales de los que la 4T se sostiene para capitalizarlos, el asunto es que en aras de ese aprovechamiento la exigencia provoque otros efectos económicos.
Por eso es relevante la opinión del presidente de la Confederación de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco Servytur), Héctor Tejada Shaar, quien para la 4T figuró como posible candidato a la gubernatura de Guanajuato.
El empresario advirtió que, si una reforma de este tipo no va de la mano de incentivos o mecanismos sostenibles, podría desencadenar afectaciones como el cierre de negocios e incluso que transiten a la informalidad.
Por ahora la iniciativa que presentó la diputada de Morena, Susana Prieto, ya fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro. Ahora se espera el desenlace de los trabajos del Parlamento Abierto de donde el sentido de la reforma parece inminente.
3. Mauricio Arce: un ‘inesperado’ golpe de 7 mdp
Justo cuando se decía que preparaba un golpe mediático para frenar las intenciones de la panista Ana Bueno Macías de buscar la alcaldía de Cuerámaro, al actual presidente municipal priista, Mauricio Arce Canchola, le estalló en las manos el grave asunto de un robo supuestamente cibernético de aproximadamente 7 millones de pesos.
De entrada, el hecho es suficientemente grave como para dejarlo oculto, por eso se vio pésimo que el asunto se ventilara hasta un año después de ocurrido.
Juzgue usted. De acuerdo a la versión oficial que se dio a conocer a través del Ayuntamiento, el millonario robo ocurrió de una de las cuentas bancarias en control de la tesorería municipal, al realizarse una transferencia que apenas fue denunciada, pues ocurrió en junio de 2022, o sea, hace un año y dos meses atrás.
La respuesta del municipio por no haber reportado en su oportunidad el tema al cabildo es de campeonato y revela la extraña minimización hacia el asunto; indicaron era un “asunto administrativo que ya estaba en manos de la Fiscalía”… Hasta donde sabemos, los asuntos administrativos van en la contraloría.
Por lo mismo, lo que le queda al alcalde tricolor es evitar que se le geste una crisis política al interior del Ayuntamiento, pues la omisión del tema en el cabildo derivó en la advertencia de más denuncias por parte de los regidores de oposición que fijaron su vista en el secretario del Ayuntamiento, Antonio Ramírez, quien apenas ingresó en febrero de este año.
Así que esta es la circunstancia que atraviesa uno de los alcaldes del PRI que se pensaba empoderado frente a su partido y frente al PAN. Este es sin duda un grave escollo que no debe pasar desapercibido.
CONTRA RETRATO
Jaime Juárez Jasso
Parece trillado, pero así son los hechos. La elección de 2024 será muy particular, con actores, escenarios y circunstancias que la hace diferente a muchas otras pero que sin duda se seguirán reflejando en denuncias, excesos y una larga lista de baches que requerirán de un Instituto Nacional Electoral (INE) que, aún disminuido, busque su autoridad en los hechos.
El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Jaime Juárez Jasso, es ya un funcionario experimentado en la materia y por eso mismo admite el reto mayor en que se convierte la organización de unas elecciones federales, que tendrán como ingredientes el despliegue desaforado de recursos y las desobediencias que desde ahora se presentan.
No es cosa menor, habrá elecciones federales para renovar a los poderes ejecutivo y legislativo federal, 128 senadores y 500 diputados. Podrán acudir a votar en Guanajuato 4 millones 900 mil personas que están en el padrón electoral, que tendrán un papel crucial en medio del despliegue de programas federales y el bombardeo mediático de la oposición.
Juárez Jasso no lo duda: en una elección concurrente se calientan más los ánimos. Se trata de un clima electoral que precisamente ya da muestras de desmesura, descalificaciones, campañas negras y, más en estos tiempos, del proselitismo fuera de la ley.
Se le preguntó sobre expresiones que podrían caer en ilegalidad, como las carreteras de Guanajuato tapizadas con anuncios de aspirantes y partidos políticos, donde tal pareciera que no haya una regulación.
Hoy por hoy Guanajuato se halla tapizado de bardas con temática política, sin que ninguna de las autoridades encuentre las armas para contener un proceso electoral que inició con ambigüedades hasta ahora sin sancionar.
