UG: la conflictiva entrega de la rectoría

1.- UG: la conflictiva entrega de la rectoría

Que el proceso de sucesión en la rectoría de la Universidad de Guanajuato (UG) se desarrollara en medio de cierta tensión política era previsible. Pero que haya derivado en una crisis institucional y ahora en un litigio por su resultado, sólo puede deberse a los errores, excesos e improvisaciones del rector Luis Felipe Guerrero Agripino.

No se trata de un señalamiento gratuito; parte de la lógica de haber trabajado durante ocho años –dos periodos- concentrando el poder de las decisiones en la máxima casa de estudios del estado, a partir de nombramientos, concesiones, beneficios y privilegios para aquellos funcionarios universitarios que le entregaron su voluntad.

El problema es que en la recta final esa canonjía fue usada para cometer acciones que hoy han envuelto el fin de su gestión y la entrega de una rectoría a Claudia Susana Gómez López, en un círculo de conflictos legales que ahora comprometen la continuidad de la vida institucional de la UG.

Este fin de semana se dio a conocer que un grupo de estudiantes  presentó una impugnación ante el Consejo General Universitario contra la designación de la Junta Directiva de la UG a favor de Claudia Susana, por una serie de omisiones reglamentarias que, de hecho, son genuinas.

Dichas omisiones como la falta de ponderación de trayectorias, proyectos y perfiles de los cinco aspirantes que participaron en el proceso, no tienen otra explicación más que la disposición en fast track para resolver en una sola sesión el proceso de sucesión. Una acción de la que difícilmente se podría deslindar Guerrero Agripino.

Los motivos son diversos. Uno en concreto es el proceso judicial por allanamiento contra el propio al rector y al menos veinte funcionarios, en los que se incluye la Secretaria General, Cecilia Ramos Estrada y la rectora del campus Celaya Salvatierra, Graciela Ruiz Aguilar, que en su momento presidieron la comisión especial para la sucesión.

No por nada –aquí se lo comentamos- Guerrero Agripino recurrió al apoyo de la Fiscalía General del Estado y del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para atraer y dilatar el seguimiento de esta acción penal particular promovida ante el Poder Judicial por la invasión desmedida a esta casa editorial.

Incluso se dilató el cumplimiento de las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato (Prodheg) encabezada por Vicente Esqueda Méndez. Vaya paradoja, pues el analista político Humberto Gutiérrez, vituperado durante el allanamiento, ya comenzará a recibir las acciones de reparación del daño.

Incluso, es probable que el cumplimiento de las recomendaciones para este periódico, desde las disculpas hasta las sanciones por la agresión cometida, sean heredadas –como el resto de los conflictos legales- a la propia Claudia Susana. Un verdadero lío provocado a ciencia y conciencia por su antecesor.

 

 

2.- Grupo Pachuca: una “simple” devolución

El anuncio de la cancelación del nuevo Estadio León vino acompañado de otro sobre la devolución de los terrenos al gobierno estatal que, en apariencia, pareciera un acto de buena voluntad, pero que en la realidad representa el desenlace que se derivó de una auténtica operación de especulación inmobiliaria.

La semana pasada le comentamos aquí los antecedentes de la compra del predio de 12.44 hectáreas dentro del polígono conocido como Ángeles y Medina en enero de 2018. Una operación que el exgobernador Miguel Márquez Márquez realizó personalmente por 280 millones de pesos con indicios graves de sobreprecio.

Estos indicios jamás fueron investigados a conciencia por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) cuando fue instruida para ello por el Congreso del Estado, aún cuando los avalúos de la dirección de catastro de la Secretaría de Finanzas, presentaban discrepancias en el costo por metro y con la omisión de dos arroyos rodean el predio.

Así que mucho menos se sancionó el daño al erario por no haber sumado la plusvalía generada durante los meses que prosiguieron a la operación, hasta el contrato de compraventa firmado nueve meses después con Fuerza Deportiva del Club León, razón social del equipo de futbol que preside Jesús Martínez Murguía.

La devolución del terreno al gobierno ahora encabezado por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de entrada genera diversas dudas debido a que este terreno que se compró a sobreprecio, se asevera que aún sin estadio su valor actual se elevó hasta los 443 millones de pesos, según la misma dirección de catastro que selló el sobreprecio original.

El asunto es irrisorio, pues la empresa pretendió usar el mismo predio como garantía de pago del préstamo de 230 millones que el gobierno estatal les hizo para adquirir el viejo estadio. Ahora hasta un cambio de 15 millones les quedó pues, según se indicó, cubrieron del terreno 193 millones de pesos y el saldo del crédito es de 178 millones.

Esta devolución por lo menos tiene dos consecuencias: la primera deberá activar una investigación desde la adquisición del terreno hasta la devolución que le hace Grupo Pachuca; la segunda, el uso o desuso que ahora el gobierno deberá hacer de este polígono bordeado por dos arroyos.

Menuda forma de mezclar futbol, política y especulación inmobiliaria.

 

 

3.- Caso González Topete: impunidad de todas todas

La muerte violenta de Jorge González Topete en noviembre de 2015 se acerca a la década de impunidad. La decidida voluntad de la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre para cerrar el caso como un suicidio, ha exhibido las deficiencias de su investigación, ya sea por negligencia o por dolo.

La viuda de Jorge, Laura Elena Díaz Infante ha encabezado una lucha en los tribunales que en realidad no tendría razón de ser, si la FGE ofreciera una resolución plausible con los indicios que sus mismos peritos encontraron en el lugar donde fue encontrado su esposo.

Con sus propios medios, ha comenzado a esclarecer las circunstancias en las que su esposo se encontraba en el momento de su muerte, la cual se acerca más al asesinato por envenenamiento y articulado por más de tres personas. Esto la llevó a la justicia federal para ampararse contra la resolución de la FGE.

Lo que ahora denuncia Laura Elena es la confirmación de una decidida voluntad para dejar impune el caso, pues pese al amparo concedido para reiniciar la investigación, la fiscalía pretende darlo por cumplido únicamente con cambio de fiscal a cargo que en un mes contrató a un nuevo médico forense para insistir en la versión del suicidio.

De manera que la FGE volvió a archivar el expediente. En efecto, la fiscalía pareciera más enemiga de las víctimas que la entidad encargada de impartir justicia.

Ahora la familia de Jorge González Topete volvió a interponer un recurso en contra de la determinación de archivo de la averiguación previa, esta vez ante el Juzgado Primero tradicional penal. Nuevamente, las víctimas se enfrentan a una fiscalía que prefiere cerrarlos casos que esclarecerlos.

 

 

CONTRA RETRATO

Ricardo Sergio de la Peña

A su entender, no se puede considerar cómo déficit el hecho de que el fondo de pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) tenga más egresos que ingresos. Su razonamiento se basa en los rendimientos que superan a las cuotas por pensión.

El director del ISSEG, Ricardo Sergio de la Peña, agrega en sus argumentos los 59 años que tienen de garantía para las pensiones, es decir, el 2082 como año clave. El tema es que se trata de una previsión que se ha mantenido inamovible, por lo menos, desde el final del sexenio de Juan Manuel Oliva Ramírez (2006-2012).

Por otro lado, no se considera preocupante que se esté registrando una caída continua en los ingresos con cantidades que no deberían ser menospreciadas. En 2022 se cerró con números negativos en ingresos por cuotas con 384 millones de pesos y sólo en el primer trimestre de 2023 la reducción fue de 49.8 millones de pesos.

Ricardo Sergio de la Peña sostuvo que los ingresos por otras fuentes pueden sostener el fondo de pensiones. En ese rubro se encuentran las diferentes líneas de negocio, las cuales a partir del gobierno de Miguel Márquez Márquez se limitaron e incluso algunas se cancelaron.

El proyecto más novedoso con el que se pretendió fortalecer el fondo de pensiones en ese sexenio, fue el llamado GTO Leasing cuya claridad no llega y su fórmula en realidad careció del apoyo y participación del sector empresarial.

Al final, no deja de ser un foco amarillo el hecho de que los ingresos por cuotas decaigan, pues es parte de los movimientos inevitables en el padrón de beneficiarios que obligan a renovar las capacidades de generación de recursos. El tema queda sobre la mesa.