El poder de las palabras
Existe resistencia a calificar como ‘terrorismo’ los recientes ataques con explosivos. Existe resistencia a llamar las cosas por su nombre.
El código penal del estado de Guanajuato define terrorismo como actos en contra de personas, cosas o servicios públicos "que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un sector de ella, para perturbar la paz pública, menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación".
¿Narcoterrorismo?
“Pude perder a mis hijas”. Fue el mensaje, a través de un video, de una mujer que como todos los acambarenses despertó el jueves entre el estruendo de la explosión de un coche-bomba. Otro artefacto estalló en Jerécuaro.
“No es terrorismo”, fue el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Los hechos cumplen punto por punto las características que señala la ley, sin embargo, como tantas otras ocasiones, las definiciones se reinterpretan ‘a modo’; en este caso, minimizan la violencia que amenaza a la población.
No es la primera vez que la palabra ‘terrorismo’ se relaciona con Guanajuato. Tampoco es nuevo el uso de explosivos, pero sí es más frecuente. La cuestión va más allá de nombrar de una u otra manera estos episodios, la cuestión es aceptar las dimensiones que han alcanzado las agresiones de grupos criminales.
Terminología
Sumando los dos coches-bomba colocados en Jerécuaro y Acámbaro el pasado jueves, en lo que va del 2024, 12 explosivos han sido usados como arma en diversos puntos del estado. Por fortuna, no todos estallaron. Por desgracia, el ataque a un comercio propiedad del alcalde de Tarimoro, Saúl Trejo Rojas, cobró la vida de una persona el pasado 5 de junio.
En Salamanca y Celaya, el hallazgo de este tipo de artefactos ha obligado a la suspensión de clases en escuelas.
Remontémonos al 2021, cuando una bomba casera disfrazada de regalo fue entregada en el Bar 1604 en Salamanca. Al explotar, dos personas murieron. En aquel entonces, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en el calor del “lamentamos y condenamos” y “esto no quedará impune”, calificó como terrorismo lo ocurrido. Pero no tardó en retractarse. Y es que son palabras mayores a las que es mejor sacarles la vuelta.
Para el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para poder usar el término se requiere un móvil ideológico o religioso. Todo indica que en su imaginario, que difiere de lo que dice la ley, sólo son terroristas los fanáticos que estallan junto con las bombas en países lejanos. “Esto es por una disputa de territorio, esto es por droga”, declaró el funcionario.
‘Feminicidio’, es otra palabra que incomoda, otro delito cuyo contexto legal contrasta con la realidad. Hasta septiembre de este año se reportaron en Guanajuato 267 asesinatos de mujeres, 12 de ellos calificaron como feminicidio. En comparación con el estado de Morelos, la cifra de crímenes es de 62, y 45 de ellos se consideraron feminicidios.
La declaración de Alerta de Género para 17 municipios de la entidad obligó a reconsiderar los protocolos en torno a estos homicidios. Durante la instalación del Grupo interinstitucional y Multidisciplinario destinado a atender el tema, la gobernadora Libia García anunció junto a la próxima titular de Secretaría de las Mujeres del Gobierno de la República, Minerva Citlalli Hernández Mora, que todo asesinato de una mujer será investigado como feminicidio.
La realidad, las cifras, las historias detrás de todos los tipos de violencia que se sufre en Guanajuato, obligan poco a poco a llamar a las cosas por su nombre, a enfrentarlas como lo que son.
Alarma, temor, terror…
En nuestro estado la mayoría de las personas vinculadas a proceso o acusadas de terrorismo estuvieron involucradas en manifestaciones violentas o bloqueos carreteros.
A finales de 2019 fueron señalados por terrorismo 17 ciudadanos en Cuerámaro. Todos participaron en una protesta contra la liberación de Juan de Dios, menor que arrolló a propósito con su camioneta a cuatro adolescentes. Todas murieron, la mayor tenía solo 17 años.
En este caso, los presuntos terroristas pasaron más tiempo en una verdadera cárcel que el criminal.
En 2020 hubo 30 vinculados a proceso por este delito luego de disturbios en Jerécuaro; se trataba de personas que quemaron dos patrullas y lanzaron consignas contra la Policía estatal.
Esto implica que es más probable que detengan por terrorismo a quien revienta un vidrio en una manifestación, que a quienes colocan explosivos en espacios públicos.
Siempre se habla del riesgo de normalizar la violencia, habituarse a ella, resignarse a que es ‘el pan de cada día’. Todos los días nos enteramos de masacres, secuestros, desapariciones, ejecuciones a plena luz del día, hallazgos de fosas comunes, de cuerpos desmembrados… Estos hechos aún provocan “alarma, temor o terror en la población o en un sector de ella” y perturban la paz pública.
Si lo que ocurre en Guanajuato (y en estados como Sinaloa, Tamaulipas, Chiapas…) no es terrorismo a los ojos de las autoridades, son estas las que comienzan a normalizar la crisis, a minimizar, a negar la realidad, tal vez para no aceptar que la situación se les escapa de las manos.
LO SUPERFLUO: Terrorismo, por desgracia, sí es un término que describe el actual escenario en el estado.
LO PROFUNDO: El poder de las palabras es innegable, y en el vocabulario legal, un arma de doble filo.
